La crisis de la educación superior toca nuevas puertas. El año pasado, la Contraloría General de la República contabilizaba en 17 mil millones de pesos el déficit total de las universidades que adscribieron a la gratuidad.

Los graves hechos que se han conocido –ataque por la espalda a un comunero desarmado, tortura a un adolescente, encubrimiento, amedrentamiento policial a la comunidad, irresponsabilidad de las autoridades políticas– son expresión del fracaso de una política de Estado de violencia colonial y racista.

Si la política no quiere un colapso de la esperanza de la sociedad en la educación, o un colapso material de sus instituciones, es necesario entonces enfrentar el problema de fondo. Defender la gratuidad es repensarla y corregirla, de lo contrario no sobrevivirá.

Pretendiendo obligarnos al silencio, obediencia y sumisión, las mujeres somos castigadas jurídica, social y moralmente al mostrarnos capaces de ejercer soberanía sobre nuestros cuerpos y dirigir la organización de nuestras vidas. El orden neoliberal procura cuerpos sumisos a sus intereses, dóciles para ser ajustados a sus pretensiones, arraigado esto en formas de opresión coercitivas y correctivas como la violencia sexual, acto vejatorio que encubre su raíz en discursos circunscritos al deseo y lo sexual.