Compromiso por los derechos humanos, justicia y reparación: del discurso a los hechos

En el contexto de las elecciones en Venezuela, el Presidente Sebastián Piñera ha salido a cuestionar la legitimidad política del gobierno venezolano, centrando una crítica a la falta de compromiso con la democracia y los derechos humanos. Estas declaraciones se suman a las acciones que el gobierno y parte de su sector han realizado en las últimas semanas para intentar superar la asociación que tiene su sector político con la dictadura, especialmente de las violaciones a los derechos humanos que en ese contexto acaecieron.

En el contexto de las elecciones en Venezuela, el Presidente Sebastián Piñera ha salido a cuestionar la legitimidad política del gobierno venezolano, centrando una crítica a la falta de compromiso con la democracia y los derechos humanos. Estas declaraciones se suman a las acciones que el gobierno y parte de su sector han realizado en las últimas semanas para intentar superar la asociación que tiene su sector político con la dictadura, especialmente de las violaciones a los derechos humanos que en ese contexto acaecieron. La petición de renuncia al director del Museo Histórico Nacional, Pablo Andrade, por la referencia a Pinochet en la exposición “Hijos de la libertad”, realizada por la Ministra de Cultura Alejandra Pérez y el desmarque de las afrentas proferidas por el diputado Urrutia el jueves 19 de abril intentan perfilar un discurso que blinde al gobierno de la relativización de las violaciones a los derechos humanos que ha caracterizado a parte de su sector político.

Sin embargo, nos parece muy necesario pasar de los discursos a la acción concreta en la promoción de los derechos humanos en Chile. Un ámbito prioritario para ello está en la conversación que Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, está desarrollando con los ex prisioneros políticos. Es que, la deuda e incumplimiento que arrastra el Estado de Chile en materia de verdad, justicia y reparación para con los sobrevivientes ha vuelto a la palestra luego del retiro por parte de la administración de Sebastián Piñera del proyecto de ley que, habiendo sido aprobado por la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, les entregaba un aporte único reparatorio de tres millones de pesos (en cuotas). Cabe señalar que el retiro del proyecto le ha valido una interpelación al actual Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Por otra parte, y también producto de una acción del último día de la administración bacheletista, está en curso una denuncia por todos los casos de prisión política y tortura calificados por las comisiones Valech 1 y 2 (aproximadamente 40.000), sustanciada por el Ministro en Visita Mario Carroza, quien ofició al INDH solicitando los antecedentes de quienes sufrieron esos crímenes de lesa humanidad.

Es decir, el panorama de los sobrevivientes y sus familiares, que la Nueva Mayoría intentó modificar con improvisaciones de último minuto, se desajusta todavía más de los estándares internacionales que debiesen guiar la acción estatal. Es que, si bien la gran mayoría de los actores políticos condenan formalmente las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en dictadura, esto no ha tenido un correlato político, toda vez que el compromiso adquirido por el Estado para investigar, enjuiciar, castigar y reparar dichos casos se encuentra lejos de cumplirse.

Urge propiciar, por una parte, que el Estado se haga cargo de la necesaria justicia y reparación, y en esto la voz de las agrupaciones de ex prisioneros políticos y sus familiares deben ser oídas y puestas al centro de dicho proceso. En específico, la denuncia ya comentada busca avanzar en justicia, pero sin hacerse cargo de las implicancias concretas que dicho proceso requiere, pues la inclemencia del tiempo hace que estos sean los últimos años en que los resultados de estas materias puedan ser vividos por quienes se vieron directamente implicados.

En primer lugar, urge abordar las capacidades materiales que tiene el Estado para investigar de forma seria y efectiva estas causas; es fundamental el fortalecimiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tanto en la expansión de sus atribuciones, para que pueda apoyar los procesos y querellas relativas a los sobrevivientes y no se remita exclusivamente a los casos de desaparición forzada o ejecuciones sumarias; como en un aumento acorde de su dotación de personal . Cabe recordar que esta pretensión se encuentra dentro de las demandas que la Plataforma Unitaria de sobrevivientes y familiares levantó durante las movilizaciones de los ex prisioneros políticos en el último gobierno de Michelle Bachelet. Igualmente, existe la necesidad de que el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal , cuenten con los recursos materiales y personales para asumir las investigaciones y gestiones propias de causas sobre prisión política y tortura.

En segundo lugar, se debe lograr la derogación del título IV de la Ley 19.992 que impone 50 años de silencio a los testimonios recabados bajo la comisión Valech 1, condición que actualmente complica la petición de antecedentes por parte de la justicia al INDH. Ahora, más allá de la necesidad de derogar dicha prohibición, al menos para el acceso del Poder Judicial a tales testimonios, especialmente a la base de datos digital que cruza toda la información recabada por el Estado, que no puede estar al margen de la labor judicial.

Al escuchar a las organizaciones de ex-presos políticos, el gobierno compuesto por partidos de centro derecha, se enfrenta a la diferencia que implica esbozar el discurso de condena a los crímenes de lesa humanidad, y otra muy distinta es actuar de modo acorde a tal posicionamiento, pues esto último implica promover decididamente la investigación, enjuiciamiento, castigo y reparación. En este caso al menos, la única forma en que exista un avance efectivo en estos tres aspectos está determinada por el grado de voluntad política con que se apoyará -o no- el avance de la denuncia que actualmente lleva el juez Carroza.

En definitiva, una actuación acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile sería una “prueba de la blancura” en relación con las posturas que el actual gobierno y su sector tiene sobre la dictadura cívico militar chilena. Está por verse si pueden pasar del discurso a la acción.

Paz Becerra.
Esteban Miranda.
Juan Maureira.
Haydée Oberreuter.
Enrique Riobo.
F. Nodo XXI.

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