Derechos humanos, Estado y ética transformadora

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se ha instalado en el concierto internacional como una aspiración civilizatoria del proyecto de la modernidad. Y si bien, en el momento histórico en que emergen estos derechos, capturan y son funcionales a la instalación de un tipo de Estado liberal, la consecuente apropiación de su espíritu emancipador, por parte de activistas, movimientos sociales y comunidades, desde su promulgación, ha logrado ir resignificando el ancho de sus implicancias y posibilidades a partir de la problematización y superación de sus pecados de origen.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se ha instalado en el concierto internacional como una aspiración civilizatoria del proyecto de la modernidad. Y si bien, en el momento histórico en que emergen estos derechos, capturan y son funcionales a la instalación de un tipo de Estado liberal, la consecuente apropiación de su espíritu emancipador, por parte de activistas, movimientos sociales y comunidades, desde su promulgación, ha logrado ir resignificando el ancho de sus implicancias y posibilidades a partir de la problematización y superación de sus pecados de origen.

Algunos de esos pecados podríamos vincularlos a la pretensión homogeneizadora de la racionalidad occidental que contiene; a la universalización de un sujeto individual y liberal adjudicatario de estos derechos, en contrapunto con la escasa centralidad otorgada a los derechos colectivos -que ponen en mayor tensión la concepción liberal de los derechos humanos-, reconocidos excepcionalmente a los pueblos indígenas y trabajadores/as sindicalizados/as; entre otros.

Así, la relevancia de la resignificación histórica y política que los diversos movimientos sociales han logrado ir instalando a través de la exigencia del cumplimiento de esta declaración por parte de los Estados, en contextos de conflictos específicos, permite evidenciar el potencial emancipador de este consenso mundial en la búsqueda del “bien común” universal/local como horizonte y como producto de una interpretación historizada y situada de los valores/derechos que promueve: paz, justicia, dignidad y libertad, entre los principales.

La interpretación y apropiación colectiva y situada de los derechos humanos es una oportunidad para el despliegue de una ética transformadora que interpele a los Estados a hacer de las garantías de derechos un piso mínimo de su acción, superando la sola sanción y reparación frente a acciones que transgreden o violan sus principios. Si asumimos que el carácter del Estado está dado por la dinámica existente entre estructuras políticas, sociales y culturales, su transformación se debe entender también como respuesta a los cambios existentes en esas estructuras.

Así, las luchas y movimientos que se expresan en el campo político-social, deberían tender a reflejarse en eventuales ajustes en el carácter del Estado; y si ellas encuentran como fuente e instrumento los propios derechos humanos, a los que el Estado se obligó, deberían contar -teóricamente- con cierta probabilidad de éxito- al buscar impulsarlo a cumplir sus obligaciones en virtud de garantizar el pleno ejercicio de estos.

La acción de un Estado, en toda época, determina la reproducción, o bien, transformación de las condiciones de vida material y simbólica de la población en representación de la cual actúa, constituyéndose en un factor constructor de historia. En este punto es que cabe evidenciar la relevancia y urgencia de impulsar una ética proclive al carácter garantista y promotor de derechos de este.

La participación social en sus estructuras, o fuera de él, pero en relación con él, es sin duda una de las condiciones clave para que los contenidos de los procesos de transformación social vinculados a los derechos humanos puedan verse reflejados en las lógicas de administración interna y externa del Estado. El derecho a la participación operaría en estos casos como un derecho habilitador, en tanto su cumplimiento permite garantizar el cumplimiento de otros derechos.

La fuerza y eficacia de los Derechos Humanos como sustrato de los discursos y estrategias de transformación social orientadas a la socialización del poder y la justicia social, por su parte, radica en que ellos son:

i. Inherentes a ser humano: nacen con nosotras/os.
ii. Irrenunciables: no se puede renunciar a ellos.
iii. Imprescriptibles: no importa dónde estemos ni nuestra edad. No caducan.
iv. Universales e inalienables: Todo ser humano posee estos derechos.
v. Integrales e indivisibles: ya sean derechos civiles, culturales, económicos, políticos o sociales, cuentan con igual jerarquía y condición.
vi. Interdependientes y relacionados entre sí: la realización de un derecho depende, total o parcialmente de la realización de otros derechos.
vii. Progresivos: los Estados tienen la obligación avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de tales derechos y de, en ningún caso retroceder en ellos.

Un proyecto de izquierda radicalmente trasformador de las relaciones sociales como el que el Frente Amplio busca ofrecer al país como salida al neoliberalismo, debe apropiarse sin titubeos y de manera densa de la doctrina de los derechos humanos como estándar “mínimo” exigible para la acción en las distintas instancias desde las que hoy se proyecta, instalando un diálogo sustantivo a nivel social y político respecto de lo que significa la realización de estos derechos en cada uno de los ámbitos de la vida en comunidad en el contexto local, y también, respecto de las mejores estrategias a seguir para empujar por su pleno ejercicio.

Esta discusión, si bien se inició incipientemente el 2017 en el Proceso Programático del FA, que derivó en el “Programa de Mucho/as”, encabezado por Beatriz Sánchez, no ha tenido continuidad a nivel territorial, ni de las fuerzas políticas; propiciando que las discusiones en esta materia se extravíen en infértiles calificaciones en torno a la situación de los Derechos Humanos en países vecinos, sin haber definido de manera clara y transparente cuál es nuestra interpretación colectiva e historizada de estos derechos y en qué medida nos apropiaremos de sus posibilidades emancipatorias para desplegar una ética transformadora que sustente, desde la lucha colaborativa de movimientos, organizaciones sociales y actores políticos, aquel proyecto posneoliberal, radicalmente democrático e igualitario, con el que buscaremos escribir colectivamente la mejor versión de los derechos humanos.

La invitación es por tanto a retomar la discusión de fondo y poner en perspectiva las frustraciones y esperanzas intactas de miles y miles que de norte a sur nos manifiestamos disponibles para construir aquel proyecto de país en el que tengamos el poder para definir nuestro futuro en igualdad, libertad y alegría.

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