La arremetida conservadora en el proyecto de ley de identidad de género

El 10 de mayo se fijó como el plazo propuesto por la Comisión Mixta del proyecto de ley de identidad de género para la presentación de propuestas sobre los puntos de discrepancia que se resolverán en esta instancia. Anteriormente, se había acordado en esta instancia resolver tres aspectos claves del proyecto; 1) La exigencia de certificados médicos para personas mayores de 18 años; 2) Procedimiento de cambio de nombre y sexo registral para personas con vínculo matrimonial no disuelto y 3) La inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley.

El 10 de mayo se fijó como el plazo propuesto por la Comisión Mixta del proyecto de ley de identidad de género para la presentación de propuestas sobre los puntos de discrepancia que se resolverán en esta instancia. Anteriormente, se había acordado en esta instancia resolver tres aspectos claves del proyecto; 1) La exigencia de certificados médicos para personas mayores de 18 años; 2) Procedimiento de cambio de nombre y sexo registral para personas con vínculo matrimonial no disuelto y 3) La inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley. Sin perjuicio de que la Comisión acordó estos tres puntos, en la fecha señalada se presentaron 201 propuestas respecto a todos los artículos del proyecto de ley, sobrepasando los 3 ámbitos de los puntos ya acordados en la misma instancia

De las 201 propuestas presentadas, 123 fueron presentadas por los/as Diputados/as opositores/ distribuidas a lo largo de todo el proyecto. Entre este gran número, se destacan los/as Diputados/as Cristóbal Urruticoechea, Eduardo Duran, Leónidas Romero, Diego Shalper, Francesca Muñoz y la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Es aquí donde se evidencia la influencia del ala legislativa del movimiento Acción Republicana, “Cuide Chile” liderada por María Pía Adriasola y la reciente bancada cristiana, compuesta por la Diputada Francesca Muñoz y los Diputados Eduardo Duran y Leónidas Romero.

El contenido de las propuestas presentadas por las personas anteriormente señaladas se refieren a ;1) Eliminar el derecho a la identidad de género;2) Reemplazar la identidad de género por identidad sexual; 3) Incorporar la mención de género ( impulsada por Shalper y Van Rysselberghe); 4) Incorporar como requisitos para el cambio informes médicos, un periodo de 2 años de vida concordancia entre la identidad de género y la apariencia mediante tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas; 5) Permitir la posibilidad de oposición en el cambio de nombre y sexo registral; 6) prohibir la posibilidad de que el o la solicitante pueda contraer matrimonio una vez realizado el cambio de nombre y sexo registral y 7) Otorgar preminencia al sexo asignado al nacer por sobre la identidad de género en cuanto a la jubilación y las normas sobre pensiones.

Si analizamos el contenido de estas propuestas podemos incluso dudar la constitucionalidad al exigir la esterilización de las personas trans, prohibir el acceso al matrimonio y permitir la oposición de terceros en el ámbito de un derecho esencialmente personal. De igual manera, se evidencia el contenido conservador e ideológico subyacente que coincide con la postura de los distintos grupos opositores al proyecto de ley de identidad de género. Si bien, anteriormente ya habíamos visto que la Senadora Van Rysselberghe fue la principal opositora a esta iniciativa, sorprende negativamente la aparición de nuevas voces contrarias a esta iniciativa y que se encuentran contestes en las mismas posturas.

En cuanto al gobierno, se presentaron propuestas en torno a; 1) Eliminar el derecho a la identidad de género; 2) Regular expresamente la posibilidad del no reconocimiento de la nueva identidad en base a las justificaciones razonables que establece la ley 20.609, sobre medidas contra la discriminación; 3) Exigir la comparecencia de dos testigos para acreditar, en el cambio de nombre y sexo registral; 4)Regular el cambio de nombre y sexo registral de adolescentes, 14 a 17 años, ante Tribunales de Familia; 5) Regular el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes trans y 6) Regular el procedimiento de cambio de nombre y sexo registral de personas con vínculo matrimonial no disuelto.

En este sentido, tanto el gobierno como parlamentarios opositores al proyecto de ley buscan, en la comisión mixta, tergiversar e incluso alterar la matriz fundamental de un proyecto de ley que ya pasó por todas las etapas de su tramitación y que se encuentra en el congreso desde el año 2013. Solo basta recordar, para aclarar el horizonte que persigue la iniciativa, que ésta se titula “Proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género”. En consecuencia, esta no es una simple ley de cambio de nombre y sexo registral como lo han manifestado algunas personas.
Entonces, ¿Hacia donde debemos avanzar?

A inicios de año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de una opinión consultiva (OC-24-2017) señaló que la identidad de género es un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos y fijó estándares sobre el procedimiento de cambio de nombre y sexo registral que deben guiarse los países parte de la Convención. En efecto, este procedimiento, de acuerdo con la Corte, debe estar enfocado al reconocimiento de la identidad de género auto percibida, no puede basarse en certificaciones médicas, psicológicas ni tampoco pueden exigirse operaciones quirúrgicas ni tratamientos hormonales.

De igual forma, recientemente, la Corte Suprema, conociendo de un Recurso de Casación en un caso de cambio de nombre y sexo registral, señaló que la identidad de género es un aspecto personal e íntimo de cada persona y que no depende del sexo asignado al nacer ni tampoco de tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas.
Es ahí donde debemos avanzar.

Lamentablemente, el proyecto de ley de identidad de género se encuentra sufriendo una arremetida conservadora por parte de grupos conservadores que han captado a parlamentarios opositores a esta iniciativa, ambos motivados por los prejuicios, el odio y la ignorancia en contra de las personas trans y las propuestas presentadas son un ejemplo de ello. Legislar en base a lo anterior y no en torno al pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans es seguir perpetuando la discriminación y exclusión de esta población.

No por nada en Argentina, a propósito de la tramitación del proyecto de ley de identidad de género, Pedro Mouratian, Director del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo , señalo que es “deber de todo el Estado argentino de pedir disculpas a la población trans por las violencias y discriminaciones sistemáticas que por acción u omisión han sufrido las personas trans”. Ahora es el momento para la reivindicación del sentido común y legislar en base a estándares de derechos humanos para el pleno reconocimiento de los derechos de una población históricamente discriminada.

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