Las Responsabilidades Políticas en la Catástrofe Socioambiental de Quintero y Puchuncaví

Es 21 de agosto, las ambulancias transitan incansablemente por las calles de Quintero; nos enteramos que una gran cantidad de estudiantes de diferentes colegios están siendo afectados con similares síntomas y que deben ser trasladados inmediatamente al Hospital para su estabilización. Así comienza uno de los episodios de catástrofe socio ambiental más grande y extensa en el tiempo de la historia de la zona.

Es 21 de agosto, las ambulancias transitan incansablemente por las calles de Quintero; nos enteramos que una gran cantidad de estudiantes de diferentes colegios están siendo afectados con similares síntomas y que deben ser trasladados inmediatamente al Hospital para su estabilización. Así comienza uno de los episodios de catástrofe socio ambiental más grande y extensa en el tiempo de la historia de la zona.

La autoridad local, alcaldes y concejales se movilizaron el segundo día para intentar tener cercanía con la comunidad, pero con la clara intención de manipular la movilización social que se veía venir como un tsunami, pues la indignación y el enojo de los habitantes de la bahía de Quintero ya estaba instalada. La jugada se hizo con las autoridades regionales, quienes facilitaron los espacios y los tiempos para canalizar el enojo de los vecinos y vecinas. Pero solo fue una cortina de humo, posterior a la implementación de las mesas técnicas y políticas en que las decisiones ya estaban tomadas, los representantes comunales se cuadraron con la orden desde La Moneda de bajarle el perfil a la problemática a cualquier costo.

Las declaraciones del Gobierno, en sus distintos niveles administrativos, giraban en torno a la exageración de las molestias y daños a la salud por parte de la comunidad de la bahía de Quintero y Puchuncaví, declaraciones que son un puñal en el corazón de cada niña y niño de los establecimientos educacionales de la comuna de Quintero, así como también de los trabajadores profesionales de la educación que debían acudir con ellos al servicio de urgencia con evidentes síntomas de intoxicación, sin tener una capacitación relacionada al abordaje de una emergencia como la que se vivió, en una zona sobre industrializada como lo es la bahía de Quintero y Puchuncaví. Era previsible que esto sucedería y así lo habían manifestado históricamente las organizaciones sociales de la zona, siendo catalogadas como palabras fuera de lugar por parte de las distintas administraciones locales de la zona.

Lo que vino posteriormente a la emergencia no fueron las soluciones, sino que una inusitada llegada de contingente de Fuerzas Especiales. Mantener en silencio a la población a través de la represión era la prioridad, jamás paralizar el parque industrial que era el foco del problema. Si se paralizaron las actividades académicas en la zona, esto solo aumentó la crisis a las y los habitantes de la bahía, dejando a niñas y niños en sus viviendas, en su mayoría sin un adulto que se pudiera hacer cargo de ellos, teniendo en muchos casos que renunciar a sus trabajos, para seguir respirando el mismo aire contaminado pero ahora bajo el techo de su casa.

La crisis socio ambiental les quedó grande. El poder ejecutivo demostró que no sabe abordar con altura de miras una crisis, sin importar cuál sea, ya sea la represión de FFEE hacia las comunidades Mapuche en Wallmapu, los despidos provocados por los tiempos mejores o una crisis socio ambiental. Todas ellas culminan con difusas soluciones, generalmente adecuadas al gusto de quien provoca la crisis y no de sus víctimas como ocurrió en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

Los gestos de los parlamentarios de la zona, nuevo distrito 6, han sido equívocos, por un lado se manifiestan indignados por los hechos ocurridos, pero meses antes algunos de ellos no aceptaban firmar por la creación de una comisión investigadora del Plan de descontaminación Quintero, Puchuncaví y Concón. Sería difícil de entender, de no ser porque se sabe de los estrechos vínculos de la ministra de Medio Ambiente y del mismo Presidente de la República, con el Gerente General de Oxiquim, empresa que los habitantes de la zona reconocemos como la culpable de los hechos de contaminación.

Sin ir más lejos, los resultados de una sesión de comisión de medio ambiente de la cámara de diputados termina en una votación favorable al empresariado, permitiendo que se instalen nuevas empresas en el sector en la medida que cumplan con los deficientes requisitos que la actual legislación solicita, toda la derecha más un voto DC sepulta el espíritu original del proyecto que intentaba restringir el ingreso de más empresas contaminantes hasta tener un real Plan de descontaminación para la zona.

El lento avance en resultados y la nula intención de transparentarlos, hace que la comunidad desconfíe de todo aquel estamento político, los que llevan años de circo y los que entramos a cambiar las reglas del juego. Esto como Frente Amplio nos invita a tomar el guante y hacernos cargo y partícipes de las soluciones construidas con las organizaciones sociales del territorio y con la comunidad.

Hoy, quienes tienen el poder para cambiar el escenario de la proliferación de las zonas de sacrificio y la profundización de la crisis, no han manifestado interés real en asumir su responsabilidad política evidente, naturalizando y manteniendo cómodamente este nefasto escenario.

* Valeria Carrasco Carreño es Encargada Política de Nueva Democracia Quintero y Coordinadora Paritaria FA Quintero-Puchuncaví.

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