Sofía Brito: Rearticular la lucha por el aborto libre desde el estallido feminista

Este 25 de Julio aparece situado en un escenario de irrupción del feminismo en la política. Si el año pasado nuestra marcha se enmarcaba en la llegada del Aborto en Tres Causales (ATC) al Tribunal Constitucional, y la batalla contra los fundamentalismos “pro- vida” en la palestra pública, el 2018 la disputa se nutre de nuevos aires.

Contextos

Este 25 de Julio aparece situado en un escenario de irrupción del feminismo en la política. Si el año pasado nuestra marcha se enmarcaba en la llegada del Aborto en Tres Causales (ATC) al Tribunal Constitucional, y la batalla contra los fundamentalismos “pro- vida” en la palestra pública, el 2018 la disputa se nutre de nuevos aires. La lucha por el aborto libre en Argentina impulsada por masivas movilizaciones en las calles, así como el estallido de las tomas feministas en las Universidades y liceos en mayo de este año, reconducen la lucha por el aborto. Por otro lado, desde principios de año la implementación del ATC ha tenido diversas complejidades dadas por la reglamentación del Ministerio de Salud sobre la objeción de conciencia institucional, develando la disputa abierta de la regulación de los derechos sexuales y reproductivos en Chile.

¿Cómo repensamos el debate del aborto desde el feminismo? Esta lucha se ha planteado históricamente como una de las banderas centrales del movimiento feminista. No obstante, pareciera ser que la disgregación de las políticas del género, mantenían en la inorganicidad las demandas feministas, más allá de la articulación vía ONG. En este sentido, la lista de supermercado donde se encuentran la violencia de género, la igualdad salarial, el reconocimiento del trabajo doméstico, entre otras, situaban el 25 de julio como una fecha más a conmemorar de la lucha de las mujeres. En el mantenimiento de las políticas del género, el feminismo no incomoda, se queda tras las paredes del departamento de mujeres. Ese departamento que es consultado o interpelado, únicamente cuando “nuestros problemas” salen a la luz. Por el contrario, cuando el feminismo empieza a circular en la escena pública, son otros los marcos, puesto que comienza a dibujarse el desborde a una política que nos quería mantener en el universal mujer. Cuando el feminismo se sitúa en la lucha contra la precarización de la vida, y se plantea la disputa de la educación no sexista de manera masiva, son otras las aperturas y los riesgos, por tanto, son nuevas las formas de repensar el aborto como la reapropiación de la capacidad reproductiva de los cuerpos femeninos.

Retomando el feminismo de la disputa

En el marco de la sectorialización de la sociedad, la división escatológica que nos impone el neoliberalismo, nos sitúa a las mujeres como un sector. En esta línea, las políticas del género de la transición democrática como señala Nelly Richard, significan la fragmentación y dispersión de los movimientos de mujeres en los tiempos de lucha antidictatorial, y la desactivación del discurso feminista como un eje de debate político y cultural[1]. Esta dispersión genera el que el departamento de mujeres sea activado para su actuación sólo en los “temas de mujeres”. Los discursos de la agenda SERNAM delimitan un campo del ser mujer, que es habilitado para hablar e intervenir solo en lo relativo al ser mujer, madre o víctima. Es por esto que la Agenda Mujer de Piñera mantiene y profundiza con Isabel Plá a la cabeza, el rol de las políticas del género de la transición: “Por ejemplo, buena parte de la agenda impulsada por el Servicio Nacional de la Mujer (1990-2016), hoy Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género –Ley de cuotas, Ley de violencia intrafamiliar, aspectos de la reforma laboral relacionados con las mujeres (salas cunas, igualdad salarial, aumento del posnatal) o las políticas de focalización del gasto social como el Bono al trabajo de la mujer o los programas “Jefa de hogar” o “Mujer emprende en familia” y la ley de interrupción del embarazo en tres causales– mantiene el principio de subsidiariedad del Estado, refuerza el rol tradicional de la mujer y limita las políticas de género a políticas de mujeres/madres/víctimas que hay que empoderar, integrar al mercado laboral (aunque sea en condiciones de precariedad) o convertir en emprendedoras.”[2

Frente a este marco, el avance del feminismo a nivel internacional, y las nuevas vías de articulación feministas en Chile irrumpen en el espacio público a través de la toma feminista. El conflicto que estalla en la educación superior, se manifiesta como el estallido de un proceso de avance, donde las diversas marchas del 8 de marzo, el llamado a huelga en España, en definitiva, el surgimiento de espacios colectivos feministas a nivel local juegan un rol protagónico. La articulación de las feministas que disputan un espacio político en los diversos movimientos sociales, tiene su concreción en el movimiento estudiantil, tomándose y recuperando los espacios comunes. El feminismo desborda el departamento de género, el pequeño espacio otorgado por la institucionalidad para la política del ser mujer. Con la toma feminista como símbolo, el feminismo ya no solo tiene fechas conmemorativas, no tiene un tiempo determinado y determinable para su irrupción, sino que se toma un espacio, un lugar desde el cual disputar la estructura del capitalismo patriarcal en su fase neoliberal.

En este sentido, la importancia de la irrupción del feminismo en el movimiento estudiantil es la posibilidad de evidenciar que la disputa feminista no está anclada en la sectorialización del género, sino que, por el contrario, su reconocimiento es la vía para visibilizar una estrategia que permita mirar la totalidad de las opresiones que mantienen la precarización de nuestras vidas. De esta manera, así como el feminismo comienza a interrogar en la lucha estudiantil un mercado sexista, – poniendo sobre la palestra cuestiones más allá de los protocolos contra el acoso, como las divisiones sexuales del trabajo, la existencia de carreras para las élites masculinas, que son las mejores valoradas por el mercado, versus las carreras feminizadas de las universidades masivo lucrativas relativas a los cuidados, que corresponden a las más precarizadas-, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, comprendida como una lucha por derechos sociales, tiene la potencialidad de comenzar a interpelar aquellas políticas del género, que si bien han manifestado avances en esta materia, siguen situándonos en el recuadro femenino de la mujer/madre/víctima. Para ello, se hace necesario leer cuáles son los cerrojos en que nos ha puesto la regulación del Aborto en Tres Causales, principalmente en el debate oculto de la regulación de la objeción de conciencia.

Cerrojos del Aborto en Tres Causales

En agosto de 2017, luego de largos debates en audiencias públicas, el Tribunal Constitucional termina por resolver el problema de constitucionalidad del proyecto de ley de ATC con dos sentencias. Una primera sentencia, que se refiere directamente a cómo nuestro orden constitucional permite la regulación legal del aborto, y una segunda, que contradiciendo en diversos puntos con la anterior agrega al proyecto de ley la invocación de la objeción de conciencia institucional, y ya no solo personal.

En lo relativo a las tres causales, uno de los mayores consensos en el movimiento feminista es que dicha regulación es insuficiente. Luego de doce proyectos de ley sobre aborto, presentados desde el fin de la dictadura, el único que logra pasar las barreras de la tramitación legislativa, es un proyecto que deriva la decisión sobre nuestros cuerpos al tutelaje de la masculinidad. Es un tercero, médico o juez, el que decide por el futuro del embarazo de una mujer. El ATC no es en ningún caso la reapropiación de la capacidad reproductiva del cuerpo femenino, sino más bien, la consagración de situaciones excepcionales donde dicho cuerpo debe rogar que se haga una excepción al cumplimiento del mandato de la reproducción, puesto que su vida misma está puesta en entredicho. En este sentido, el modelo de las causales significa siempre un cuerpo femenino que pide disculpas, y se justifica ante el Estado y la sociedad, por el incumplimiento de la obligación de la reproducción biológica, que naturaliza el rol de quienes portamos cuerpos femeninos.

Sin embargo, no es la regulación escueta de tres causales la que debiese ponernos principalmente en alerta. El movimiento feminista y las diversas fuerzas políticas que se planteen la construcción de una izquierda feminista, debemos avanzar por romper los cerrojos que la ley de ATC impone a la posibilidad del avance al aborto libre, seguro y gratuito. En este sentido, lo que ha sucedido este año en lo relativo a la segunda sentencia, es decir, a aquella que se refiere a la Objeción de Conciencia Institucional, que se regula directamente a través del Tribunal Constitucional, es nuestro punto de tope mayor. La centralidad en el debate de este año en esta materia muestra la relevancia que esta tiene, no por el fundamentalismo conservador que se ha querido instalar como el principal enemigo al derecho al aborto, sino por el principio común y rector que el neoliberalismo en Chile no puede ver interrogado bajo ninguna circunstancia: la subsidiariedad del Estado.

Interpelar al Mercado de la Salud: el debate oculto en la regulación de la objeción de conciencia

La objeción de conciencia institucional se planteó desde los sectores de la derecha e instituciones como la PUC, como una necesidad ética. La posibilidad de contraponer sus idearios institucionales a la regulación del aborto en tres causales. El rol público de “defensa a la vida” de ciertas instituciones sería el argumento central para intentar equilibrar los derechos de la libertad de conciencia y salud. Es por esto, que pese a que la objeción de conciencia- ni siquiera personal- no se encuentra consagrada como un derecho en el orden constitucional chileno, la primera estrategia comunicacional utilizada por dichos sectores, es instalar un supuesto “derecho a la objeción de conciencia”, que se desprende de la Sentencia del Tribunal Constitucional.

De este modo, considerando la objeción de conciencia como un derecho, lo que se delimita es cómo el Estado puede intervenir y establecer condiciones para la utilización de fondos públicos. El clivaje entonces, se pone en que hoy es el Estado el que debe garantizar a los privados el derecho a su objeción de conciencia institucional. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de este debate? La posibilidad de que las instituciones privadas puedan utilizarla como una carta bajo la manga para negarse a cualquier condición impuesta por el Estado en la asignación de financiamiento estatal. El velo de la “defensa a la vida” se cae y se muestra directamente cual es el objetivo central de la regulación de la objeción de conciencia institucional: profundizar el rol subsidiario del Estado a costa de la mayor precarización de los cuerpos de las mujeres.

No debería sorprendernos como este supuesto derecho de las instituciones privadas con financiamiento público, comienza a ser invocado para defenderse y negarse ante otro tipo de prestaciones de salud u otros derechos sociales. Las palabras de Jacqueline Van Rysselvergue, develan dicha postura: “Esto permite una intromisión del Estado en las instituciones intermedias privadas, que va más allá de lo razonable (…) el hecho de que tú tengas un convenio y que por eso el Estado podrá imponer lo que puedes o no hacer, eso se hace extensivo a educación y a organizaciones que trabajan en adopción, y también a otros temas, como la eutanasia”[3]. En la misma línea, el Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes señala el énfasis en la autonomía de los cuerpos intermedios[4]. Las múltiples columnas de opinión en La Tercera y el Líbero, para contraponerse a los criterios de la Contraloría, señalándolos como “políticos” y por tanto errados, reconocen explícitamente lo que deben cuidar las fuerzas políticas del mantenimiento y profundización neoliberal: “En la objeción de conciencia institucional se juega un elemento central en la vitalidad de la sociedad civil y un Estado subsidiario en forma[5]”. Así mismo, se asimila esta regulación a lo sucedido en educación: “No parece haberse calibrado los alcances de consentir que la sociedad civil quede sujeta a la lógica discrecional del Estado cuando realiza funciones públicas. Los riesgos de confundir lo público con lo estatal ya se han visto en el caso de la política de gratuidad en la educación superior, donde bajo el justificativo de que se reciben fondos públicos, el Estado se ha sentido con el derecho a fijar aranceles, matrículas o incluso a obligar a una triestamentalidad -como era su objetivo inicial-, condicionando así la autonomía de los proyectos educativos”[6].

De esta manera, a través del resguardo a la objeción de conciencia institucional, el empresariado asegura para sí el rol de un Estado subsidiario, que los sustenta con fondos públicos, sin condición alguna. En este marco, el empresariado de la salud, así como los sectores de la derecha, advierten que mientras exista el “derecho a la objeción de conciencia” están tutelados frente a la posibilidad del aborto libre. En esta línea, el ATC como “política estatal”, y por tanto condicionante, se convierte en el chivo expiatorio para la mantención y profundización del neoliberalismo, en tanto, el gasto público se enfoca en sustentar el rol de los privados.

Articulación feminista para la ruptura del “universal mujer”

La irrupción masiva del feminismo en el debate público trajo consigo los riesgos propios de la apropiación/procesamiento de nuestras disputas. En este sentido, el feminismo se convierte en palabra común, que se utiliza sin problemas para adjetivar cualquier sector político. Tenemos un gobierno de derecha, pero “feminista”, desde Van Rysselvergue hasta el PS, el feminismo se vuelve una definición que pareciera no tener otro contenido de disputa, que el estar “a favor de la igualdad de género”. Se articula un relato en el cual nadie puede estar contra la violencia hacia las mujeres, nadie puede estar contra el ser mujer, como aquel universal abstracto que aparece desde el ser madre/emprendedora/víctima.

La lucha en el campo de los derechos sexuales y reproductivos impugna directamente el pacto subsidiario que permite aún un supuesto feminismo universal en el cual todos coincidimos. Cuando situamos la lucha por el aborto como la posibilidad de la reapropiación de la capacidad reproductiva, y la demanda por los derechos sociales- ya que no basta con que sea libre, sin que sea legal, seguro y gratuito-, se develan las distancias de los feminismos en disputa que, homogeneizados en un universal, permitían el procesamiento del feminismo que apunta a interrogar la totalidad para la emancipación de la clase trabajadora. En este sentido, la potencialidad del feminismo que se despoja de dicho universal mujer, y se sitúa tomándose los lugares, los espacios de la disputa por nuestros derechos, contra la precarización de nuestras vidas, es ser, precisamente, impedimento de la restauración patriarcal que nos encierre nuevamente en el departamento de mujeres, y contraponerse directamente al orden que cimienta la explotación sobre nuestras vidas y cuerpos.

[1] Richard, Nelly. Feminismo, género y diferencia(s). Santiago: Palinodia. 2018. p. 58- 59.

[2] http://www.nodoxxi.cl/el-feminismo-como-posibilidad-de-ampliacion-democr...

[3]https://www.latercera.com/politica/noticia/aborto-escrito-senadores-udi-...

[4]http://www.diputadosrn.cl/mario-desbordes-y-posicion-de-parlamentarios-r...

[5] Fernando Contreras Santander, investigador Instituto de Estudios de la Sociedad. http://ellibero.cl/opinion/aborto-y-objecion-de-conciencia-institucional...

[6] https://www.latercera.com/opinion/noticia/aborto-objecion-conciencia/235...

Sofía Brito, Estudiante de derecho, militante de izquierda Autónoma

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