Una oposición feminista: alternativa ante los avances conservadores

El gobierno ha informado la presentación de una batería de proyectos de ley entre los que se cuenta la creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social en reemplazo de la cartera hoy dirigida por Alfredo Moreno.

El gobierno ha informado la presentación de una batería de proyectos de ley entre los que se cuenta la creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social en reemplazo de la cartera hoy dirigida por Alfredo Moreno. Este anuncio debe ser observado con especial detención en tanto representa no solo un giro conservador, dado el lugar de afianzamiento que le otorgará a la familia tradicional en la definición de políticas públicas, sino también una profundización privatizadora y mercantilizadora de los derechos sociales, pues al considerar a la familia como “la principal prestadora de los cuidados” -en palabras del presidente Piñera-, muchas dimensiones de la vida social que requieren de un abordaje colectivo -como la educación, la salud y en general todos los trabajos de cuidado- serán presentados como obligaciones privadas. Con esto, se evade la posibilidad de un debate de fondo sobre la necesidad de construir un sistema de derechos sociales garantizados para toda la población.

Paradójicamente entonces, en nombre de la protección de las familias se apuesta por reforzar una lógica de agobio a las mismas, al re-legitimar que deben hacerse cargo privadamente de los cuidados, ya sea pagando a trabajadoras de casa particular o por medio del trabajo gratuito y sin reconocimiento de mujeres y niñas cuyas familias no pueden pagar en el mercado por trabajos domésticos; todo esto para impedir, soterradamente, construir una sociedad que garantice derechos sociales y supere las desigualdades socioeconómicas que contienen en su matriz desigualdades de género. De esta manera seguirá primando el endeudamiento y sobreendeudamiento para la subsistencia cotidiana y el sacrificio de personas -en la gran mayoría de los casos mujeres- que deben asumir las labores domésticas para asegurar la crianza de los hijos e hijas y la atención de personas mayores o enfermas entre otras tareas. Por esto, más allá de los discursos grandilocuentes a propósito de la Agenda Mujer presentada por el gobierno hace poco más de un mes, la verdadera agenda radica en proyectos como el de este nuevo ministerio que serán claves en la profundización de las políticas subsidiarias que niegan derechos universales a través de mayor focalización del gasto social (bonos por ejemplo) y que han terminado reforzado la división sexual del trabajo; políticas que también hicieron propias los gobiernos de transición. Botón de muestra de todo esto es la feminización del trabajo de cuidados y la mayor precarización de aquellos trabajos que se consideran socialmente femeninos.

La arremetida conservadora del neoliberalismo que se vive en Chile y también en la región viene a re-editar el matrimonio entre clase empresarial y orden conservador propia del sistema neoliberal, que atenta contra los derechos de las mujeres, disidencias sexuales y de las mayorías sociales en su conjunto, incluso cuando adopta una retórica pro-derechos y libertades, que no son más que privilegios y libertades mercantiles. Las discusiones que ha suscitado el protocolo de objeción de conciencia institucional son un ejemplo contundente de ello y muestran cómo se urde la trama entre mercantilización de derechos sociales, intereses empresariales que reproducen un conservadurismo misógino y reproducción de las desigualdades sociales y de género. Sin ir más lejos, en las últimas semanas hemos podido escuchar cerradas defensas del subsidio estatal a empresas de salud y llamados de alerta ante el peligro de que el Estado modifique esa relación con el sector privado prestador de servicios sociales (salud, educación, cuidado de la infancia, etc) que tantos dividendos reporta al empresariado chileno mediante transferencias directas del Estado. Se observa así la manera en que bajo argumentos como el derecho de la población a recibir atención de salud, se defiende un lucrativo negocio que impide fortalecer una red pública que cubra las necesidades de la población y que no deje a las mujeres a merced del conservadurismo misógino de determinadas instituciones.

Por otra parte, la educación superior, que recientemente ha sido el escenario de potentes movilizaciones feministas, es también un claro ejemplo de la relación contradictoria entre la promesa neoliberal de ascenso social y reproducción de las desigualdades de género, toda vez que la masificación del ingreso a la educación terciaria, principalmente entre las mujeres -que es el grupo que ha experimentado la mayor alza en matrícula-, redunda en el reforzamiento de las divisiones sexuales del trabajo y de las desigualdades sociales. Las carreras más feminizadas, que son las orientadas a los servicios y los cuidados, son a su vez las más precarizadas y las peor pagadas. Si a esto le sumamos que la masificación del acceso a la educación superior se ha hecho por las vías del endeudamiento de las y los estudiantes y sus familias y de subsidios estatales a instituciones privadas que lucran con la educación, tenemos nuevamente dibujadas las amarras entre derechos mercantilizados, subsidios estatales a empresas educacionales y reproducción de desigualdades sociales que contienen en sí desigualdades de género: una educación de mercado sexista.

Para mantener este orden social, más allá de las diferencias internas y desacuerdos entre los sectores más conservadores y aquellos más liberales por temas valóricos, las fuerzas neoliberales dentro y fuera de la derecha política -convengamos que estas fuerzas también ha existido entre las filas de la Concertación-, apostarán por restaurar el orden para la defensa del modelo y bregarán para hacerlo avanzar extendiendo las políticas de focalización del gasto social a sectores más amplios que viven el aumento de la precarización de la vida, profundizando la mercantilización de los derechos sociales y clausurando la posibilidad de construir una sociedad donde los derechos universales sean garantizados para toda la población.

En este escenario de alertas, tomarse en serio el avance de la derecha no aguanta discursos retóricos sino que exige sustantividad política: un proyecto de sociedad alternativo al de la sociedad de mercado sexista de la transición. Las fuerzas transformadoras y los sectores feministas críticos de la ex Nueva Mayoría entienden que la respuesta a la derecha no ha estado en los 27 años de Concertación ni está en parte en el legado de Bachelet, que lamentablemente renunció a la posibilidad de superar las políticas subsidiarias que han profundizado la desigualdad de género en la desigualdad social, consagrando la trilogía mujer/madre/pobre mediante las políticas de bonos y programas del SERNAMEG que no permiten ni ser otro tipo de mujer -al carecerse de derechos sexuales y reproductivos que posibiliten ejercer la maternidad libre- ni dejar de ser pobre para no perder los bonos del Estado, porque solo hay políticas públicas focalizadas para mujeres pobres. Ahora bien, para todas aquellas mujeres que viven la precarización, pero que no caben en la focalización de los bonos, están las políticas de equidad de género para la igualdad de oportunidades en el mercado, que no han hecho más que legitimar la superexplotación a través el festejo de la “super mujer”.

Abrir este diálogo con las fuerzas críticas, feministas y democratizadoras en el amplio espectro de la oposición es vital para una nueva fuerza progresista y de izquierda en Chile. Para ello, las luchas por la recuperación de los derechos sociales del mercado sexista, que cosifica nuestros cuerpos, precariza mayormente nuestros trabajos y nos somete a mayor violencia, cobran particular relevancia y la lucha feminista amplifica su alcance y profundidad al revelar aspectos que hasta hace poco permanecían invisibles, como hizo la reciente movilización por educación no sexista al poner en evidencia que mientras la educación esté organizada por el mercado y no sea un espacio democrático abierto a la deliberación pública y un derecho social, no se puede alterar de manera significativa su efecto reforzador de la división sexual del trabajo y de las desigualdades sociales.

En este orden de ideas, el diálogo público y necesario que debemos abordar no parte de la negación absoluta de lo hecho. Al contrario, reconoce avances necesarios y humanitarios, por ejemplo en la ley de aborto en tres causales, lucha que creemos hay que radicalizar derogando la objeción de conciencia institucional cuya defensa significa mantener el negocio de un empresariado misógino negando la salud y vida de las mujeres y, por sobre todo, avanzar al aborto libre, legal, seguro y gratuito en la lucha por derechos sexuales y reproductivos. Así, las fuerzas de oposición tienen la posibilidad de enfrentar la arremetida conservadora del neoliberalismo construyendo unidad en torno a las demandas y luchas feministas que han protagonizado el último ciclo de movilizaciones en Chile por la recuperación de derechos sociales, sexuales y reproductivos. Unidad comprometida con hacer retroceder al mercado sexista de áreas esenciales como la salud, la educación, la vivienda y las pensiones y que proteja realmente a las familias y a las personas que hoy llevan sobre sus hombros el agobio que produce el tener que depender de su capacidad de pago, endeudamiento, sacrificio y postergación de la vida de las mujeres o de bonos del Estado ante la inexistencia de derechos.

Para organizar esta necesaria oposición, no basta con que movimientos y partidos se declaren feministas de manera simbólica sin hacerse cargo del rumbo político que obstaculiza sus posibilidades: la subsidiaridad del Estado en un marco de profundización neoliberal. La oposición que se requiere para esta tarea no puede conformarse con medidas acotadas como las presentadas en la Agenda Mujer del gobierno -que, dicho sea de paso, toma varios elementos de las agendas de género de determinados períodos de la Concertación-, sino que debe adoptar en serio una política de recuperación y construcción de derechos sociales, sexuales y reproductivos.

Para construir esa oposición, la de un feminismo de y para mayorías, se requerirá de todos los sectores comprometidos con un proyecto político desmercantilizador de la vida. Una oposición así, seguramente podrá devolverle el sentido a la política y a la democracia.

Daniela López Leiva y Camila Miranda Medina. Directoras Fundación Nodo XXI

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