Declaración Pública frente a creación de un seguro para trabajadores independientes

Rechazamos categóricamente que se intente utilizar la grave situación sanitaria y económica que estamos viviendo como país, para hacer avanzar una agenda de “formalización” del trabajo independiente a costa de los propios trabajadores.


Frente al anuncio del Gobierno de creación de un seguro para trabajadores independientes ante situaciones excepcionales de calamidades, catástrofes naturales, crisis económicas o sanitarias, la mesa nacional del Frente Amplio declara:

1. Las y los trabajadores independientes son uno de los segmentos más desprotegidos frente a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, ya que no cuentan con derechos laborales asegurados. Algunos de ellos, incluso, realizando labores permanentes bajo régimen de subordinación y dependencia en el sector público o privado, no cuentan con el reconocimiento legal de su empleador y son los primeros en ser despedidos en escenarios de crisis, sin ninguna protección social garantizada.

2. Por ello, hemos señalado desde el inicio de la pandemia la necesidad de responder a las urgencias de este sector, con apoyos económicos directos y con medidas realizables e inmediatas como la suspensión completa de la cotización obligatoria en la operación renta 2020 y de las retenciones asociadas a deudas educativas.

3. La semana pasada, casi dos meses después del inicio de la crisis, el Gobierno por primera vez hizo un anuncio para apoyar concretamente al trabajo independiente, lanzando un seguro que deberá ser financiado por los propios trabajadores y pretende ser una política permanente para este sector.

4. Si bien valoramos la inclusión de las problemáticas de las y los trabajadores a honorarios entre las políticas estatales, rechazamos el proyecto anunciado por las siguientes razones:

a. El monto de US$300 millones es absolutamente insuficiente y está por debajo de los US$2.000 anunciados a principios de abril para apoyar a los trabajadores informales, y muy lejos de los US$24.000 millones que ya se han comprometido para apoyar a las empresas a través de los bancos.

b. El apoyo económico que recibirá cada trabajador o trabajadora no permite cubrir las necesidades básicas en un hogar. Así, por ejemplo, según la información pública disponible, un trabajador que de manera previa a la crisis recibía una remuneración de $320.000, en el mejor de los casos recibiría un subsidio de $224.000, que no permite mantener un hogar de cuatro personas, condenando a la pobreza a un porcentaje importante de la población. Si esto le sumamos que las personas pueden acceder a este seguro durante 3 meses como máximo, el escenario es crítico.

c. Particularmente, estamos ante un “préstamo” que realiza el Estado a los trabajadores, ya que los aportes fiscales deberán ser reintegrados mediante impuestos directos a los mismos. Esto profundiza aún más las dificultades monetarias causadas por el aumento progresivo de la cotización obligatoria y no anticipa un escenario de recesión económica. De esta forma, no solo se continúa cargando los costos de la crisis exclusivamente en las y los trabajadores, sino que además se instala una política permanente que disminuye remuneraciones líquidas, aumenta la carga de la cotización obligatoria y no responde cuando los trabajadores quedan cesantes en situaciones no excepcionales.

d. El seguro de catástrofe estaría a cargo de la Administradora de Fondos Cesantía (AFC), misma entidad privada que administra el Seguro de Desempleo y que está integrada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Por lo tanto, la ley abre un nuevo nicho de negocios que consideramos innecesario e impertinente.

Rechazamos categóricamente que se intente utilizar la grave situación sanitaria y económica que estamos viviendo como país, para hacer avanzar una agenda de “formalización” del trabajo independiente a costa de los propios trabajadores, en tanto excede las necesidades actuales y evita dar la discusión acerca del rol de los empleadores, los falsos trabajadores independientes, entre otros. Esperamos que el Gobierno escuche a las federaciones de trabajadores a honorarios, reformule su propuesta y de una respuesta efectiva que realmente resguarde la vida de los trabajadores en el contexto de la crisis sanitaria. Por último, en caso de que el proyecto se presente al Congreso tal como ha sido anunciado, hacemos un llamado a todas las fuerzas que se autodenominan de oposición y que hoy tienen mayoría parlamentaria logren frenar esta arremetida.

7 de mayo de 2020

Mesa Nacional del Frente Amplio