Desmilitarización y Diálogo Político: Elementos para abordar el conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche

Mari Mari pu lof mapuche wallmapu mew ka che chileno ka chilena. Iñchiñ Frente Amplio zuguyiñ: Extendemos nuestra solidaridad y condolencias a los familiares y cercanos de Camilo Catrillanca. Esperamos poder acompañarlos en su dolor.

Introducción

El asesinato de Camilo Catrillanca por parte de carabineros el día 14 de noviembre, expresa de forma radical la violencia colonial y racista que el Estado de Chile ejerce contra el pueblo mapuche y otros pueblos originarios desde hace más de un siglo. El carácter actual de esta violencia está, sin embargo, anclado en las políticas posdictatoriales que especialmente en las últimas dos décadas, se han enfocado en la militarización de las comunidades en conflicto, la criminalización del movimiento mapuche y la defensa estatal de los intereses económicos, forestales y latifundistas en la zona.

Estas políticas han derivado en una serie de violaciones a los derechos humanos y de la infancia, cuya manifestación más extrema ha sido la muerte a manos de la fuerza policial de varios hermanos y hermanas mapuche durante el presente siglo. En general, estos episodios han terminado impunes, y como resulta evidente, lamentablemente siguen sucediendo.

Urge enmendar el rumbo que el Estado ha tomado en el abordaje de este conflicto, tanto porque los niveles de violencia y abuso que en dicho marco han existido son intolerables, como porque este tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando su investigación no se ajusta al debido proceso y sus resultados aumentan el manto de impunidad en Chile, envía una señal nefasta a toda la población: que el Estado puede emprender una campaña de violencia, abusos, torturas y asesinatos contra miembros del pueblo mapuche, para proteger intereses de privados y grandes grupos económicos.

Diversos actores han sido parte de esta política de Estado: gobiernos, partidos políticos de la transición, Ministerio Público, Carabineros, medios de comunicación, megaindustria forestal, entre otros. Vemos también dos dimensiones en este problema. Primero, la colonización de la política por parte del poder económico, cuya defensa ha llevado incluso a una suerte de soberanía territorial por parte de las megaindustrias y transnacionales, que no se reduce solo al caso del Ngullumapu (territorio mapuche de la región de la Araucanía), sino a todos los pueblos originarios. De esta situación deriva la criminalización de la lucha social y de formas de vida tradicionales que no se ajustan al extractivismo radical que caracteriza nuestro neoliberalismo.

Por otro lado, está el actuar de Carabineros, el que si bien se encuentra sujeto a estas directrices estatales, muchas veces actúa con altos grados de autonomía y con niveles de fuerza totalmente desproporcionados que, en los peores casos, ha terminado con la muerte de hermanas y hermanos mapuche. En ese sentido, la represión y tortura se ejercen en sintonía con una política cooptada por intereses económicos, pero su ejecución concreta está sujeta a un actuar institucional que excede los límites que se asumen públicamente como aceptables, en la medida que no está subordinado al respeto elemental de los Derechos Humanos, en general, e Indígenas, en particular. Por ello, el Estado no está cumpliendo con los estándares mínimos de la legislación internacional sobre el tema.

Si se mantiene el rumbo de las últimas décadas, no habrá ninguna solución "parche" ni ninguna política de corto plazo que pueda acercarse a una salida pacífica y justa a la situación del Ngullumapu. Por ello, como Frente Amplio queremos contribuir a iniciar un diálogo político a través de alternativas concretas para enfrentar este problema histórico con la profundidad que merece. Nuestra intención es hacernos cargo de la deuda que tiene la izquierda ante los pueblos originarios. Ello implica ponernos a disposición para que el protagonismo de un diálogo político vinculante que genere reformas estructurales en diversos ámbitos de la organización social y política esté radicado en las propias comunidades y pueblos originarios, así como en sus organizaciones tradicionales y representativas.

Entendemos lo anterior como parte de una defensa irrestricta de los derechos humanos, en general, y de los derechos indígenas, en particular, cuyo respeto, defensa y promoción es constitutiva de una democracia plena. Desde nuestra perspectiva, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche también tiene consecuencias para el movimiento social en general, en la medida que comparten causas y problemas estructurales, asociados al extractivismo, privatización de derechos y pérdida de soberanía. Asimismo, la violencia contra el pueblo mapuche en la actualidad parece marcar el umbral de la violencia posible y aceptable, cuestión que tiene como corolario la represión e incluso asesinato de dirigentes sociales y ambientales en los últimos años.

Propuestas

A. Propuestas para dialogar con pueblo mapuche. Estas propuestas tienen por objetivo ser dialogadas y consultadas con comunidades y organizaciones mapuche y de los pueblos originarios en general, según sea el caso. En otras palabras, a través de ellas buscamos comenzar un camino que permita construir confianzas mutuas y reconocer perspectivas comunes.

1. Construcción de diálogo político vinculante: La situación actual no resiste más planes unilaterales por parte del Estado chileno, sino que requiere un proceso impulsado por ambas partes en un plano de igualdad. Por lo tanto, proponemos y nos ponemos a disposición para construir condiciones para iniciar un proceso de diálogo político vinculante, a través de dos instancias que deben tener participación central de autoridades tradicionales y organizaciones representativas mapuche.

a. Comisión Plurinacional, con observación de organismos internacionales, enmarcada en los principios de la justicia transicional e inspirada en experiencias internacionales en que se han enfrentado conflictos históricos entre Estados y pueblos indígenas, con el objetivo de investigar y establecer las causas históricas y responsabilidades políticas de los crímenes, abusos, usurpación de tierras e irregularidades cometidas por o al alero del Estado chileno en contra del pueblo mapuche desde hace más de 140 años, con énfasis en lo ocurrido desde 1990 hasta la fecha. También es necesario estudiar formas de reparación y resarcimiento.

b. Parlamento de Resolución de Conflictos, para abordar de manera resolutiva temas específicos con las comunidades en conflicto: tierras, aguas y mecanismos de autodeterminación política.

2. Plurinacionalidad, autodeterminación y autonomía: El Estado chileno debe dejar de invisibilizar a los pueblos indígenas, dándoles reconocimiento político y autonomía.

a. Reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado Chileno.

b. Creación de mecanismos de autogobierno indígena en cada territorio, a efectos de fortalecer el estatus jurídico de los pueblos y naciones originarias, en el marco de un estatuto autonómico, con territorio específico a través de la devolución de tierras usurpadas y bienes que anidan en ellas, como tierras, aguas, patrimonio, medio ambiente, recursos naturales, ganadería, turismo, pesca, educación, salud, etc.

c. Impulsar la organización política interna de cada pueblo originario mediante sus costumbres y prácticas propias. en aras de que la plurinacionalidad y autodeterminación sea efectiva.

d. Favorecer procesos de retorno al territorio en quienes son parte de la diáspora mapuche. Relacionar los procesos de revitalización del mapuzungún -y los idiomas originarios, en general- con instancias formales de educación a nivel nacional.

B. Exigencias al Estado de Chile. Para construir condiciones mínimas para cualquier diálogo político vinculante, y hacerse cargo de problemáticas estructurales que superan el conflicto chileno-mapuche, llamamos al Estado de Chile a adoptar las siguientes medidas:

3. Respeto a legislación internacional: Sobre Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Originarios y Tribales. Construir fórmulas de supervisión efectiva a los mismos.

4. Fin del régimen policial/militarización en la zona: Cualquier diálogo político exige como requisito el cese inmediato a la militarización de Wallmapu, terminar con el denominado “Comando Jungla” y desmovilizar a las Fuerzas Especiales y el GOPE, que mantienen sitiados los territorios y comunidades. También es necesaria la derogación de la ley antiterrorista.

5. Intervención civil y reforma de Carabineros: La actuación de Carabineros frente al conflicto chileno-mapuche, que ha llegado a límites intolerables, es parte de un problema mayor. En efecto, los escándalos de corrupción -que implican un despilfarro de grandes cantidades de dinero fiscal-, el encubrimiento, el uso de fuerza desmedida y las violaciones a los DDHH perpetradas a través de muertes, tortura, allanamientos y detenciones ilegales, no han podido ser resueltas por los cambios en el Alto Mando, pues remiten a un problema mucho más profundo de cultura institucional. Esta última, ha sido propiciada por la tensión entre altos niveles de autonomía con respecto del poder civil y la defensa de grandes intereses privados, al alero de una colonización de la política por parte del poder económico; así como por los cuantiosos recursos públicos que han recibido y administrado, sin control civil efectivo. En ese sentido, creemos necesario impulsar los siguientes ejes:

a. Restituir la sujeción plena de Carabineros de Chile y FF.AA. a la autoridad civil, a la jurisdicción de la justicia ordinaria y a la labor fiscalizadora de legisladores e instituciones públicas como el INDH. Desmilitarizar las fuerzas de orden para convertirlas en una policía no militarizada.

b. Derecho de acceso universal a las escuelas de formación, constitución de escalafón único y garantía del derecho de sus integrantes al ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos

c. Incorporar como un eje de la formación de las Fuerzas Armadas y Carabineros la educación en Derechos Humanos y establecer el derecho a desobedecer órdenes de superiores cuando éstas violen las leyes o los derechos humanos de civiles o uniformados

C. Compromisos del Frente Amplio. Además de impulsar las medidas que hemos expuesto, como Frente Amplio nos comprometemos a:

1. Realizar próxima mesa nacional en el Ngullumapu, con el propósito de mostrar la disposición a construir un camino de diálogo, confianza y acompañamiento mutuo en las luchas que como pueblos enfrentamos por nuestros derechos.

2. Fortalecer la institucionalidad interna del Frente Amplio en torno a las temáticas relativas a los pueblos originarios, evitando su encasillamiento con un elemento desligado del resto de las problemáticas de nuestra sociedad, poniendo de esta forma al FA al servicio de las luchas de las naciones originarias presentes en el territorio chileno.

3. Compromiso de diálogo político constante con pueblos originarios, y de consultar con ellos cada una de nuestras acciones en materias que les conciernan.

Frente Amplio, noviembre 2018