Frente a la votación de la acusación constitucional, el Frente Amplio hace llamado a asumir la deuda del Estado en Derechos Humanos

La democracia no estará completa mientras la impunidad siga siendo la norma, pues la falta de castigo a los culpables de los horrendos crímenes cometidos en la dictadura, atenta directamente contra la posibilidad misma que tiene la sociedad de replantearse su modelo político y social.


A 45 años del golpe de Estado, y 28 del término de la dictadura cívico militar, la impunidad de quienes cometieron y dirigieron los crímenes de lesa humanidad sigue siendo una herida abierta en nuestra sociedad. Una de las expresiones más graves fue la decisión de la Corte Suprema de entregar libertad condicional a diversos condenados por asesinatos, desapariciones y torturas.

Al mismo tiempo nos enfrentamos a un avance del olvido, de la relativización del horror y del negacionismo de las actuales autoridades. El 11 de septiembre, el Presidente Piñera señaló que “habían enfermado la democracia antes del golpe de Estado”, contextualizando argumentos para la dictadura, a la cual ni siquiera pudo llamar como tal, refiriéndose a ella como “régimen militar”.

En este escenario, no podemos ceder más espacio al olvido ni a la impunidad. El Estado debe cumplir sus obligaciones frente a las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y eso importa deberes para todas sus autoridades y representantes.

Como Frente Amplio respaldamos la acusación constitucional promovida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos que busca hacer efectiva la responsabilidad constitucional de tres Ministros de la Corte Suprema al otorgar el beneficio de la libertad condicional a criminales de lesa humanidad, desatendiendo los requisitos que los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos hacen exigibles.

Asimismo sabemos que la deuda del Estado en esta materia va mucho más allá e involucra cambios en la legislación y medidas ejecutivas que se deberían haber impulsado hace muchos años, en gobiernos y congresos anteriores. Por eso hacemos un llamado a todas y todos los congresistas que respaldan la acusación a sumarse también a las iniciativas que hemos propuesto para seguir avanzando en superar la política de impunidad y entregar un marco legal que asegure la verdad y la justicia. Estas son:

• Cierre de Punta Peuco. Garantizar el cumplimiento total de las penas fijadas por la justicia en cárceles comunes, acompañada de la degradación y el cese de privilegios asociados a la mantención de sus grados militares.

• Impedir beneficios para criminales de lesa humanidad. Una ley que actualice los requisitos para optar a beneficios a criminales de lesa humanidad e impedir su indulto, la rebaja de condenas, así como la libertad condicional para dichos criminales.

• Proteger la memoria histórica. Ley contra el negacionismo e incitación a la violencia y empujar políticas de conservación y recuperación de los sitios de memoria y todos aquellos lugares que fueron recintos de reclusión, tortura y de desaparición de personas.

• Terminar con secreto Valech. Proyecto de ley para la desclasificación de los archivos relativos a los crímenes de la dictadura, incluyendo los generados por las comisiones Rettig y Valech, acompañado de la creación de un organismo de sistematización y centralización de información sobre las violaciones a los Derechos Humanos.

•Derogar la ley de amnistía. Proyecto de Ley para declarar la nulidad de derecho público del Decreto Ley Nº 2191 de 1978, que concede la amnistía.

Como Mesa Nacional del Frente Amplio reiteramos que la búsqueda de la verdad y protección de la memoria, el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas son imperativos transversales y compartidos por toda la sociedad, que todos los poderes del Estado están obligados a respetar. La democracia no estará completa mientras la impunidad siga siendo la norma, pues la falta de castigo a los culpables de los horrendos crímenes cometidos en la dictadura, atenta directamente contra la posibilidad misma que tiene la sociedad de replantearse su modelo político y social. Dicho de otra manera, la falta de justicia legítima que, cuando las mayorías del país deciden democratizar el poder, la respuesta de quienes ostentan privilegios puede ser violenta y criminal.