Frente Amplio concurre a La Moneda con minuta de temas que deben ser debatidos a nivel nacional

Este miércoles 3 de abril de 2019 las presidentes de los partidos del Frente Amplio se reunieron en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera. A nombre del FA, asistieron representantes de Comunes, los partidos Ecologista Verde, Humanista y Liberal, Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, quienes presentaron una minuta con cinco temas prioritarios para el bloque en materia de reformas tributaria y previsional, educación, violencia de género y diálogo entre naciones. A continuación el documento entregado.

Minuta Reunión Gobierno - Partidos del Frente Amplio

Los partidos que suscribimos este documento, que formamos parte del Frente Amplio, concurrimos a la invitación realizada por el Presidente de la República, pues tenemos la convicción de que el diálogo democrático entre los distintos actores políticos es necesario para dar respuestas a las necesidades de las grandes mayorías.

Reconociendo que representamos sectores sociales distintos y que el proyecto político del Frente Amplio es esencialmente antagónico al impulsado por el Gobierno, como organizaciones con responsabilidad política siempre estaremos disponibles para construir mínimos de entendimiento que avancen en las orientaciones planteadas por el movimiento social. En ese sentido, esperamos que esta convocatoria al diálogo represente un giro respecto a la política impulsada hasta ahora por el Gobierno, caracterizada por una retórica de los acuerdos acompañada de una agenda unilateral de reformas, por lo demás, poco sustantivas para responder a las preocupaciones reales de la sociedad.

Con esa disposición, las organizaciones abajo firmantes concurrimos de manera abierta y transparente a este diálogo planteando algunas propuestas concretas para avanzar en cinco materias de alto interés ciudadano que actualmente ocupan un lugar central en la agenda pública. En cada una de estas materias, proponemos mínimos para frenar abusos y avanzar en mayor protección social. A pesar de nuestras diferencias con el Gobierno, tenemos la convicción de que los puntos planteados a continuación constituyen urgencias que no pueden seguir desatendidas y que todos los sectores políticos debieran apoyar.

I.- Una Reforma Previsional basada en la solidaridad

a) Aumento del pilar básico solidario, la necesidad de una ley corta

Nos interesa que las pensiones sean entendidos como un derecho social. Es decir, que haya una garantía de parte del Estado para todos los ciudadanos y ciudadanas, saliendo de la lógica de focalización -PBS para el 60% más pobre- para avanzar hacia una lógica universal. La importancia de una medida como esta solo irá aumentando con el paso del tiempo. La creciente automatización del trabajo aumentará su presión, desde distintos puntos de vista, tanto el mercado del trabajo como a los sistemas previsionales.

Hoy el proyecto establece los siguientes aumentos (acumulados) en la PBS:



 


Hasta 69
años


70 a 74


75 a 79


80 a 84


85 o más


2020


10.00%


10.00%


10.00%


10.00%


 

10.00%


2021


 


12.20%


14.40%


16.60%


18.80%


2022


 


14.44%


18.98%


23.60%


28.30%


2023


 


16.73%


23.74%


31.01%


38.57%


2024


 


19.07%


28.68%


38.87%


49.65%

En otras palabras, en la propuesta del gobierno existe una doble gradualidad: en años de implementación y en la edad en la cual se puede acceder a un mayor beneficio. Coincidimos en la necesidad de aumentar la PBS y estamos dispuestos a avanzar con toda celeridad en este eje. Por esa razón hemos insistido en la relevancia de separar los proyectos de ley con el objeto de acelerar la discusión y eventual aprobación de una modificación del pilar solidario que contenga lo siguiente:

1. Aumento del monto de la Pensión Básica Solidaria (PBS) por sobre la línea de la pobreza de manera gradual en un plazo de 3 años, de manera que sea en su Gobierno donde se observan los incrementos.
2. Aumento gradual de la cobertura de la PBS de modo que sea una garantía universal para los que no han cotizado, pudiendo llegar hasta el 90% del universo en este Gobierno.
3. Sobre las categorías de “vejez” por años, no deberían existir, pero se podrían conceder siempre y cuando: i) sea un menor número y ii) que en los años más bajos, al final de la transición, se supere la línea de la pobreza.

b) Transitar de un sistema individualista subsidiado por el Estado a uno basado en principios de seguridad social, la discusión de fondo

1.- La Construcción de un sistema de Seguridad Social

La idea de seguridad social descansa en que hay ciertos riesgos -como el de la vejez-, que deben ser asumidos por toda la comunidad por la vía de un seguro colectivo. Las razones por las cuales la vejez debe ser tratada como un riesgo de carácter colectivo dice relación con que todos estamos expuestos, en distintas medidas, a las mismas variables: culturales, sociales, políticas y económicas. Todas las consecuencias de construir un sistema previsional en torno al ahorro individual, implica que todos los riesgos de la vejez se asumen de manera personal. En consecuencia, como se indicó, las personas que tienen menos posibilidades de respuesta ante esos riesgos pagan todos los costos del sistema.

La seguridad social está íntimamente relacionada con el principio de solidaridad. Este no se trata de que los “pobres deban financiar las pensiones de los ricos”, como se ha acusado más de una vez por parte del oficialismo. La solidaridad en materia previsional no es solo entre ricos y pobres. Fluye desde aquellas generaciones que tuvieron ciclos económicos más estables y mayor prosperidad, hacia aquellas que no los tuvieron. La razón es muy sencilla: como decíamos, la vejez es un riesgo al que todos estamos expuestos, por lo que debemos asumirlo colectivamente. Por ello, el principio de solidaridad tiene por objeto que cada uno aporte en la medida de su capacidad y reciba en la medida de su necesidad.

Este punto es de la máxima relevancia desde un punto de vista feminista. Tanto el trabajo asalariado como el trabajo doméstico y de cuidado son de responsabilidad colectiva. Las sociedades se reproducen gracias al trabajo que realiza toda la colectividad en su conjunto, ello incluye el trabajo no remunerado (de cuidado de los otros) realizado dentro del hogar, principalmente por las mujeres. Éste es parte fundamental de la reproducción de la fuerza de trabajo de las sociedades, sin embargo, hoy es invisibilizado y castigado por el sistema de pensiones vigente.

Esto se traduce en dos aspectos concretos del proyecto de ley.

a. El aumento de cotización a cargo del empleador que ha sido propuesta por el gobierno -ya sea del 4% o un guarismo superior- creemos debe ser administrado y asignado bajo principios solidarios. En otras palabras, una propuesta que solo profundice, asegure y perfeccione la lógica de la cotización individual no basta como razón para aprobar la idea de legislar.
b. A propósito de la discusión sobre la entidad que debe administrar el aumento, también existe un consenso en buena parte de la oposición respecto de que no se le debe entregar más fondos a las AFP. No solo por sus vicios de origen y la falta de legitimidad que pesa sobre el sistema hasta hoy, sino que también por su demostrada ineficacia como modelo previsional.

Respecto a este último punto, el Gobierno no ha podido mostrar el efecto en las tasas de reemplazo de esta medida, pero algunos técnicos han alertado sobre que este 4% no sería suficiente - sobre todo en un sistema de capitalización individual, dado que los retornos de los fondos previsionales van a la baja. Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó el siguiente cálculo sobre el efecto de este, donde se observa el claro efecto regresivo de esta propuesta:

2.- Equidad de Género: reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado

Hoy día existe una brecha salarial aproximadamente de un 30% entre hombres y mujeres; 40% en las y los actuales pensionados y; 67% en el caso de aquellas personas que pasaron a ser pensionados en el último año. Si bien existen diversos factores que causan tanto las brechas del mercado laboral como las brechas en materia de pensiones, resulta especialmente problemático que el sistema previsional no se haga cargo de las mismas sino que las reproduzca completamente. Esto implica que si una persona tuvo un mal pasar laboral -lagunas previsionales, baja densidad de cotizaciones- deberá asumir individualmente esa situación. Lo mismo puede decirse del trabajo no remunerado: dado que no existen criterios solidarios en las cotizaciones, las personas -en su gran mayoría mujeres- que se dediquen al trabajo de cuidados no verán reflejado su esfuerzo ni su valor económico en el monto que recibirán como pensión.

El proyecto de ley se hace cargo de este problema a través de lo que se ha denominado el “bono mujer”, que consiste en un subsidio a las mujeres de clase media de $5.500 para aquellas que coticen por sobre 16 años. Sin embargo, creemos que es un mecanismo que, sólo mejora marginalmente las tasas de reemplazo, y además aumenta la inequidad entre las mujeres, pues privilegia a las que ya tienen acceso a un trabajo formal y estable. Teniendo en cuenta que más del 50% de la mujeres cotizan menos de 16 años, este aporte deja afuera a muchas de ellas, principalmente a quienes dedicaron tiempo en labores de cuidados y otros trabajos informales.

En consecuencia, creemos que se debe avanzar hacia un mecanismo que reconozca expresamente el trabajo no remunerado de cuidados como un factor al momento de que se determine la pensión.

II.- Educación pública y no sexista

Las movilizaciones sociales de las últimas décadas han evidenciado las carencias de un sistema educacional mercantilizado en todos sus niveles, que es incapaz de cumplir las expectativas depositadas por la sociedad. A pesar de las reformas recientes, la permanente postergación de la educación pública imposibilita una resolución sistémica a los déficit planteados por distintos actores sociales.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo la necesidad de (i) responder a las urgencias que viven los cientos de miles de jóvenes y familias endeudados por estudiar y de (ii) asumir los desafíos planteados por el movimiento estudiantil feminista para construir una sociedad sin desigualdad de género, proponemos las siguientes medidas concretas para avanzar en una agenda corta de educación.

a) Frenar los abusos del endeudamiento estudiantil

Una de las caras más crudas de la educación mercantil es el endeudamiento que afecta a más de 800.000 estudiantes, que por cumplir el sueño de ingresar a la educación superior -a veces en instituciones de dudosa calidad o que incluso han cerrado dejando a la deriva a sus estudiantes-, han contraído créditos con altas tasas de interés, debiendo no sólo pagar más de dos veces el costo de la carrera que se estudió, sino que también someterse a condiciones más abusivas que cualquier crédito de consumo, ser registrados en DICOM y ver retenidos sus devoluciones de impuestos.

Todas estas condiciones, documentadas en el informe final de la Comisión especial investigadora del Crédito con Aval del Estado (CAE) y en general el sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior, dificultan la integración a la sociedad de los jóvenes y ameritan respuestas urgentes, por lo que proponemos las siguientes medidas concretas:

(i) Terminar con las cláusulas abusivas del CAE, como la firma de pagarés en blanco y mandatos irrevocables, para que se ajuste al menos al estándar establecido en la Ley del Consumidor.
(ii) Chao Dicom: terminar con la publicación de la morosidad por estudiar en DICOM y registros comerciales, dando urgencia al proyecto ya ingresado en el Senado referido a esta materia.
(iii) Terminar con la retención de impuestos a trabajadores a honorarios, que afecta a los trabajadores con condiciones más inestables producto de un mercado laboral precario.

b) Avanzar hacia una educación no sexista

Tal como lo plantearon miles de estudiantes movilizadas por la igualdad de género y contra la violencia contra las mujeres durante el 2018, la educación juega un rol fundamental para frenar la reproducción de la cultura machista y fomentar una sociedad que se base en el respeto y la igualdad.

Por ello, es imperativo darle prioridad a una agenda que permita transformar los espacios educacionales desde una mirada de igualdad de género. En esa dirección, proponemos hacer avanzar en el corto plazo tres medidas propuestas por la iniciativa “Diálogos para una educación no sexista” promovida por diputadas de oposición en conjunto con distintas organizaciones del mundo educacional:

(i) Educación sexual integral: ampliar la ley N° 20.418, asegurando la entrega de educación sexual de manera gratuita a todos los establecimientos de educación de párvulo, enseñanza básica y media, abordando temas de identidad de género, afectividad, sexualidad y reproducción, desde una visión laica, libre de sexismo y heteronorma.
(ii) Educación con equidad de género, modificando la Ley de Aseguramiento de la Calidad para incorporar la equidad de género y no discriminación en herramientas de evaluación docente, directivos y técnicos pedagógicos, así como en la evaluación de los establecimientos y sostenedores.
(iii) Instituciones libres de violencia: modificar la ley N° 21.091 sobre educación superior, estableciendo como requisito para el acceso institucional al financiamiento por gratuidad, que las instituciones cuenten con unidades, planes y programas para enfrentar la reproducción de desigualdad y violencia de género.

III. Fin a la violencia de género

Considerando los altos grados de violencia que viven las mujeres, tanto en el espacio público como el privado, que ha sido evidenciada recientemente en las masivas movilizaciones del 8 de marzo, se hace urgente avanzar de manera decidida en una legislación que permita avanzar en una reducción de la violencia de género. Por proponemos patrocinar y ponerle urgencia a los siguientes proyectos que se encuentran actualmente en el Congreso:

a) Ley Gabriela: dar urgencia a este proyecto de ley aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y actualmente en tramitación en el Senado, que busca reconocer penalmente el feminicidio y otros delitos contra las mujeres relaciones más allá del matrimonio o la convivencia, como lo es el pololeo.
b) Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia: dar urgencia al proyecto de ley ya patrocinado por el Gobierno, que busca establecer el derecho de las mujeres de tener una vida libre de violencia. Asimismo, solicitamos abrir la discusión sobre la sostenibilidad económica de las medidas que establece esta ley promoviendo un aumento sustantivo del presupuesto de las instituciones involucradas, de manera que su aprobación permita una aplicación ejecutiva y eficiente y no ponga sólo en los hombros de las mujeres funcionarias de las sedes del Servicio Nacional de la Mujer -actualmente movilizadas en contra de la precariedad laboral- el aumento de responsabilidades.
c) Aprobación del protocolo facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), para asegurar la aplicación de este instrumento internacional.

IV. Diálogo entre Naciones:

El histórico conflicto del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche requiere de nuevos espacios institucionales de diálogo, en concordancia con los derechos colectivos que como pueblo originario les corresponde. El Estado de Chile debe abrir espacios de diálogo real con el Pueblo Mapuche y, al mismo tiempo, debemos propiciar que estos espacios se puedan dar en un contexto de paz. Es por esto que el Frente Amplio ha apoyado las demandas surgidas por el Trawun de Temucuicui realizado el 15 de diciembre de 2018, que constituyen puntos mínimos para avanzar en una solución al conflicto y que esperamos el Gobierno recoja y viabilice:

1. Desmilitarización de Wallmapu

Tenemos un diagnóstico crítico de la permanencia de Fuerzas Especiales en Wallmapu. Su vigencia, en la actualidad, constituye la continuación de una historia de violencia en el marco de lo que se ha denominado históricamente la Pacificación de La Araucanía. Además, ha traído graves consecuencias para las personas que viven en la Región, de la mano de abusos que se cometen constantemente, e incluso se han perdido vidas como la del joven mapuche Camilo Catrillanca.

Creemos necesario que el Gobierno desarticule y retire dicha unidad policial considerando que esta constituye una amenaza permanente, violando el derecho a vivir en paz, violentando los derechos de los niños, mujeres y ancianos que habitan el Wallmapu; y es un gesto necesario para permitir el diálogo con el pueblo Mapuche, encaminado a una solución al conflicto que existe con el Estado chileno.

2. Territorio

Creemos que existe un conflicto que aún no se ha resuelto respecto a las tierras que fueron tomadas y ocupadas de forma violenta a lo largo de la historia en territorio Mapuche. Se hace necesario el reconocimiento de que existen propiedades adquiridas por personas no mapuche que carecen de legitimidad y legalidad.

Asimismo, reafirmamos que el pueblo Mapuche tiene derecho al territorio ancestral, el cual está reconocido por el derecho internacional, por lo que creemos que el Estado y este Gobierno debe tener una política que solucione este conflicto.

3. Comisión de esclarecimiento histórico

Se requiere establecer de manera urgente una Comisión de Esclarecimiento Histórico del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche que permita el establecimiento de un estándar de verdad relativo a la ocupación del territorio y sus recursos y para que se investiguen todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche, entre ellas el genocidio cometido por el Estado chileno y la usurpación de tierras. Asimismo, proponemos que debe recomendar medidas de resarcimiento e indemnización del daño causado, permitiendo construir las bases para una paz firme y duradera en el Wallmapuche.

4. Derecho a la Libre Determinación

El Pueblo Mapuche en tanto pueblo es titular del derecho a la libre determinación, el que representa la ruta cuya implementación y materialización, permitirá la definitiva descolonización. Este derecho es completamente superior a un eventual reconocimiento constitucional, al Consejo de Pueblos Indígenas y al Ministerio de Asuntos Indígenas y debe formar parte de la discusión en un eventual diálogo con el Estado chileno.

5. Cobertura total a la Asignatura de Lengua Indígena

Una política responsable con nuestros Pueblos Indígenas parte por cumplir los tratados que voluntariamente ratificamos como lo es la convención 169 de la OIT (2008) y la que trata sobre los derechos del niño (1990). Lo anterior sumado a los anuncios de esta misma administración respecto a la inclusión en el Currículo Escolar de la Asignatura “Lengua Indígena”, que constituye un compromiso adquirido que debemos cumplir.

Es de nuestro sumo interés de que estas iniciativas se implementen con fuerza y convicción y no como lo anunció el Ministerio de Educación, que, de manera a nuestro entender errática, solo lo busca impartir en establecimientos con un mínimo de 20% de alumnos indígenas.

Tal como apuntan las organizaciones representantes de las distintas etnias es imprescindible implementarlo, como también mandatan los compromisos adquiridos en materia internacional, en todos los establecimientos educacionales del país, pues de no hacerlo se genera una discriminación arbitraria que desnaturaliza la intención original de inclusión de los Pueblos Originarios en la sociedad. Creemos que ningún niño indígena puede ser despojado de la enseñanza de su lengua y cultura que refuerza su identidad, como tampoco los de nacionalidad Chilena, que deben aprender los lazos que nos unen en la construcción de la historia de Chile.

V. Reforma Tributaria:

Como Frente Amplio tenemos un diagnóstico compartido con el resto de la oposición y es que la Reforma Tributaria propuesta no se hace cargo de las necesidades de gasto público que hoy tiene el Estado para financiar bienestar para la gran mayoría de chilenos y chilenas. En ese sentido, hemos analizado los siguientes puntos:

A.- Creemos que no es razonable disminuir la recaudación fiscal actual, ni compensar una rebaja a las grandes empresas con un aumento de eficiencia en recaudación de IVA. De acuerdo con el Informe Financiero (IF) del proyecto de ley, se rebajan USD 833 millones del impuesto a la renta y otros USD 200 por el aumento de crédito de IVA en la construcción, los que serían “compensados” con USD 1200 millones de mayor recaudación de IVA a través de una mayor fiscalización y la instauración de la boleta electrónica obligatoria.

Además de la regresividad de esta “compensación”, el IF y la explicación técnica del SII no garantizan la mayor recaudación estimada por el Gobierno, ni en términos de montos ni de gradualidad. A nuestro juicio, consultando a diversos expertos, la recaudación fiscal estimada no supera el 50% de lo informado por el SII, con lo cual se genera una menor recaudación fiscal neta del 0,2% del PIB. Es decir, el país contará con menos ingresos permanentes para financiar gasto social y políticas públicas.

B.- No estamos de acuerdo con aumentar la regresividad del sistema tributario

El proyecto es regresivo porque rebaja la carga impositiva a las grandes empresas y sus socios, a través de la reintegración. Es decir, se rebajan los impuestos directos que apuntan a que pague más quien tiene más, mientras la mayor recaudación compensatoria viene dada por más recaudación del IVA que pagan mayoritariamente los sectores más vulnerables de la sociedad a través del consumo de productos básicos.

Además, el proyecto tiene una serie de medidas regresivas en diversas materias como el crédito a la construcción de viviendas y la ampliación del concepto de gasto necesario para generar la renta.

C.- Creemos que la Reforma no debe retroceder en el combate de la elusión y la evasión
El proyecto debilita las facultades del Servicio de Impuestos Internos, lo cual constituye un alto riesgo para la estabilidad de la recaudación y la justicia tributaria de nuestro sistema.
De hecho, el proyecto debilita uno de los mayores avances de la reforma tributaria del 2014: la Cláusula General Antielusión. Asimismo, abre nuevos espacios de elusión a los grandes contribuyentes.

D.- Proponemos mejorar el régimen tributario de las PYMES
El proyecto elimina el regimen actual del 14 ter y lo reemplaza por una cláusula pyme que no las beneficia. Creemos que es necesario perfeccionar el régimen del 14 ter y estamos disponibles para ello, en conjunto y tal como han manifestado las mismas Pymes en el debate público.

E.- Proponemos cambios para fomentar el crecimiento de largo plazo
Los incentivos proinversión del proyecto son de corto plazo y tienen un tinte electoral para mejorar la performance económica de este gobierno. Sin embargo, no hay medidas de mediano plazo como por ejemplo el apoyo a políticas pro diversificación productiva a nivel regional, mayor inversión en innovación, etc. A su vez, la reintegración total del sistema genera incentivos contrapuestos respecto de la inversión, ya que en la práctica disminuye el impuesto a las utilidades distribuidas, lo cual disminuye el incentivo a reinvertir utilidades.
En síntesis, el Gobierno no ha entregado metas fundadas sobre el aumento de crecimiento que sería atribuible a estas medidas, ni tampoco cuál sería su impacto en la distribución del ingreso.

F.- Proponemos crear nuevos instrumentos tributarios en materia regional
Es necesario avanzar en los desafíos que implica la descentralización y la mayor autonomía política, económica y administrativa de las regiones, lo cual requiere analizar, entre otros, nuevos instrumentos tributarios que permitan que los Gobiernos Regionales y las municipalidades puedan recaudar impuestos a las empresas que realizan actividades económicas en sus territorios.

Movimiento Autonomista
Partido Comunes
Partido Ecologista Verde
Partido Humanista
Partido Liberal
Revolución Democrática

3 de abril de 2019