Partidos del Frente Amplio presentaron al Gobierno una propuesta para el nuevo reglamento de aborto

Izquierda Autónoma, Poder y Socialismo y Libertad (SOL) respaldaron la solicitud de renuncia del ministro Emilio Santelices y solicitan que el nuevo reglamento incluya cuatro puntos fundamentales.

Fuente: ADNradio.cl

Los partidos Izquierda Autónoma, Socialismo y Libertad (SOL) y Poder, que integran el Frente Amplio, entregaron una carta en el Palacio de La Moneda, en la que respaldan la solicitud de renuncia del ministro de Salud, Emilio Santelices, y proponen cuatro puntos para el nuevo reglamento para la ley de aborto en tres causales.

Las colectividades plantean, entre otros, la existencia de equipos médicos de emergencia que puedan viajar donde vive la mujer cuando ella no pueda acceder a un prestador que realice abortos, y la protección a los equipos no-objetores, para que no sean sometidos a presiones sociales o laborales por realizar esas intervenciones.

"El nuevo reglamento debiera reconocer la responsabilidad que significa destinar fondos públicos a instituciones privadas, lo que implica que estas instituciones debieran cumplir con la ley", precisa la misiva dirigida al Mandatario Sebastián Piñera.

"Es de suma urgencia que la construcción del nuevo protocolo se transforme en una oportunidad para un debate democrático que recoja la opinión que diversas organizaciones hemos manifestado, para así dar un enfoque de derechos a la implementación de la ley", explicaron las colectividades.

Esta es la carta íntegra:

Santiago de Chile, 14 de mayo de 2018

Sebastián Piñera Echeñique
Presidente de la República
Presente

Queremos manifestar nuestra preocupación respecto al protocolo que norma la implementación de la ley de interrupción del embarazo por tres causales.
Durante los últimos años, la sociedad chilena ha manifestado su respaldo al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas, lo que tuvo un primer avance con la ley de aborto por tres causales, cuyo espíritu siempre fue la protección de las mujeres, en casos de embarazos que pusieran en riesgo sus vidas, de embarazos donde existiera inviabilidad fetal y aquellos embarazos producto de una violación, evitando así, la re-victimización de mujeres y niñas violadas.
Los cambios al protocolo que hizo el ministro de salud, Emilio Santelices, manifiestan un espíritu distinto al de la ley, otorgando a equipos médicos e intereses económicos de clínicas privadas, prioridad respecto al ejercicio de los derechos de la mujer, haciendo de una situación excepcional, como lo es la objeción de conciencia, una regla y reafirmando así una invalidación de la conciencia y decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.
Afortunadamente, dicho protocolo ha sido declarado ilegal por la Contraloría General de la República, institución que ha aclarado que las clínicas objetoras no podrían recibir fondos públicos. Ello, deja de manifiesto que dicho protocolo restringía el derecho de las mujeres, así como que el Estado ha traspasado fondos públicos a instituciones que por ley no deberían recibirlos. Es por ello, que las organizaciones firmantes respaldamos la solicitud de renuncia hecha por el Frente Amplio al ministro Santelices.
Sumado a lo anterior, nos parece que es de suma urgencia que la construcción del nuevo protocolo se transforme en una oportunidad para un debate democrático que recoja la opinión que diversas organizaciones hemos manifestado, para así dar un enfoque de derechos a la implementación de la ley. Al respecto, quisiéramos sistematizar elementos para que nos parecen un piso mínimo para este propósito:

1. Derecho a la protección de los derechos de las mujeres:
El Estado debe asegurar la presencia de un equipo médico de manera permanente en hospitales e instituciones privadas que reciban aporte estatal, preparado para la realización de abortos. Mientras ello no ocurra, es necesario que los servicios de salud cuenten con equipos de emergencia que se trasladen al hospital de tratamiento de la mujer de manera oportuna, disminuyendo el impacto psicológico que pueda generar el traslado y distancia a sus redes de apoyo, lo que se agudiza en caso de niñas y adolescentes.
2. Protección a los equipos proveedores de aborto:
Con el fin de que la objeción de conciencia se sustente en las convicciones personales de los profesionales, es fundamental que existan medidas de fiscalización y protección a los equipos proveedores, de manera que no sean sometidos a presiones sociales y laborales que determinen su decisión sobre la objeción. En esta misma línea, la objeción de conciencia se debe limitar al equipo responsable de la intervención, y no incluir a profesionales externos que puedan dificultar el acceso de las mujeres a la atención.
3. Financiamiento público condicionado al cumplimiento de la ley:
Recogiendo las consideraciones de la Contraloría General de la República, el nuevo reglamento debiera reconocer la responsabilidad que significa destinar fondos públicos a instituciones privadas, lo que implica que estas instituciones debieran cumplir con la ley aprobada en el Congreso.
4. Proceso de acompañamiento sin culpabilidad:
Establecer un proceso y equipos de acompañamiento a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo por alguna de las tres causales establecidas, que garantice un enfoque de derechos en la implementación del aborto y que supere la visión de éste como un hecho traumático y de culpabilidad de la mujer por sobre el respeto de su decisión. Esto implica fomentar social y económicamente la adaptación de las organizaciones de la sociedad civil para que entreguen ese servicio de acompañamiento.

Con lo anterior, llamamos a su autoridad y al gobierno en su conjunto a abrir un proceso participativo para lograr un protocolo que asegure la protección de los derechos de las mujeres, respete el espíritu de la ley y obtenga el mayor apoyo social y político posible.

Atentamente,

Dirección Nacional de Izquierda Autónoma
Dirección Nacional de Partido Poder Ciudadano
Dirección Movimiento Político Socialismo y Libertad (SOL)