Declaración en oposición a la iniciativa de Ley de Integración Social y Urbana del Gobierno: un lobo con piel de oveja

Frente de Ciudad, Vivienda y Territorio

3 de abril de 2019

El pasado 3 de diciembre, hace 4 meses, el presidente firmó la iniciativa de Ley de Integración Social del MINVU, cuya idea de legislar hoy será votada en las comisiones de vivienda del parlamento. Si bien, el título de la iniciativa instala el término de integración social, ampliamente difundido y bien recibido por gran parte del espectro político, las materias propuestas muestran algo distinto, que responde más a supuestos ideológicos encubiertos que a buenas intenciones.

En primer lugar, se proclama la reorientación de la política urbana y habitacional para generar integración social y urbana, sin embargo, no se explicita una definición precisa de lo que se entiende por integración social. En su lugar, se hacen vagas referencias a un porcentaje indefinido de viviendas destinadas a programas de subsidio estatal. De esto se deduce que dicha integración se realizaría a través del mix social en los proyectos habitacionales, asumiendo que la convivencia de dos o más familias pobres es culpable de los problemas urbanos actuales (de convivencia, inseguridad, deterioro, narcotráfico, estigmatización, entre otros); en tanto, la presencia de familias acomodadas conlleva una mayor inversión en infraestructura y servicios. Más que integración social, el proyecto buscaría una integración de productos inmobiliarios que genera más dudas que certezas.

En segundo lugar, dicho proyecto reafirma el abandono del Estado de la responsabilidad suscrita con derecho a la vivienda, aduciendo que el libre mercado mejoraría el acceso a la vivienda y, aún más cándidamente, el grado de integración social y urbana de las familias de menos recursos. Con esto, se está imponiendo la urgencia de allanar el terreno para mayores posibilidades inversión de inmobiliarias y empresas constructoras, permitiendo flexibilizar o superar los marcos normativos existentes de los Planes Reguladores, a través de la creación de las Zonas de Integración Urbana, instrumento que anula las facultades de los gobiernos locales sobre la planificación de sus territorios.

Particularmente, con estas Zonas de Integración Urbana propuestas se estarían pactando áreas de desregulación, propiciando la arbitrariedad y el tráfico de influencia, y normalizando la excepcionalidad. Permitirle al Ministerio de Vivienda y Urbanismo concentrar las decisiones para destrabar la actuación del mercado inmobiliario en determinados territorios de interés, sea por calidad de vida o por proyectos de inversión en carpeta, significa la suplantación tácita del gobierno local, externalizando la responsabilidad institucional de velar por sus ciudadanos. Si la inclusión del artículo 28 nonies de la Ley general de Urbanismo y Construcción, que permite a particulares promover modificaciones de Planes Reguladores, ya significaba un retroceso en esta materia, este proyecto lo profundiza.

En tercer lugar, esta propuesta de ley persiste empecinadamente en la privatización de los bienes públicos para el lucro, esta vez, a través del modelo de concesiones de terrenos públicos. Así, bajo la coartada de disponer un porcentaje -aún no precisado- de vivienda para programas de subsidio al arriendo, no solo se estarían replicando aspectos del modelo de concesión de las autopistas u hospitales, sino que nuevamente se estaría promoviendo un nicho de negocio seguro y lucrativo para el oligopolio de los grandes operadores inmobiliarios de la construcción, a costa del derecho humano a la vivienda.

Además, con esta propuesta se estaría suprimiendo el financiamiento de iniciativas ampliamente valoradas por la ciudadanía, como la “inmobiliaria popular” de Recoleta, el edificio Tassara de Valparaíso, y otras iniciativas de administración y construcción de viviendas que pudieran surgir de organizaciones sin fines de lucro como corporaciones municipales, fundaciones u organizaciones comunitarias, en terrenos o inmuebles propios, o bien en terrenos públicos.

Por último, este proyecto de ley, solo profundiza la actual crisis del modelo, al entender la Política Habitacional como una suma circunstancial de programas de vivienda que ponen el foco en la cantidad de viviendas por sobre el habitar. Todavía más, suponiendo que esta iniciativa favorezca la aplicación del actual Programa de Integración Social y Territorial del MINVU, un porcentaje cada vez menor de viviendas son destinadas para los sectores más vulnerables y bajo la modalidad de postulación individual. Esto último también supone un retroceso en la promoción de mayores niveles de cohesión social y empoderamiento de los sectores más desposeídos, que disponen una menor capacidad para buscar asesoría en el mercado.

Por esto que como Frente de Acción en Vivienda, Ciudad y Territorio del Frente Amplio, nos oponemos al proyecto, y advertimos que el discurso por Integración Social y Urbana no es más que una máscara que esconde importantes modificaciones legislativas que buscan destrabar el avance del lucro inmobiliario. Una vez más, la apropiación de un concepto progresista, presente en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, es vaciado de todo contenido para ser rellenado con una agenda de flexibilización de la política pública y la desprotección de derechos sociales, presentándonos un lobo con piel de oveja.

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