Integrando ciudades de Cóndores y Huemules

Frente de Ciudad, Vivienda y Territorio

21 de febrero de 2019

Menos cóndor, más huemul [1] . Así titulaba un ensayo publicado en El Mercurio por Gabriela Mistral, meses previos a la promulgación de Constitución de 1925, en que caracteriza dos expresiones de nuestra sociedad. La orden del cóndor, de las rapiñas, el “pico ganchudo y la garra metálica”, se contrapone al orden sensible, lleno de gracia, pero invisibilizado del huemul.

Mistral nos advierte lo mucho que se ha insistido en el cóndor. El profesor introduce en sus alumnos una forma idealizada del cóndor como “el dominio de una raza fuerte; enseña el orgullo justo del fuerte (…) su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra’”. Pero, se pregunta la poetisa, ¿qué es el cóndor sino un “hermoso buitre”, cuyo vuelo de “gran parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una quebrada”? Si bien, la dualidad parece necesaria, Mistral aboga por “que el huemul sea (…) nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia”.

Para nuestro pesar la orden del primero sigue imponiéndose en la sociedad. Vivimos bajo la Constitución de quienes articularon la operación Cóndor. En una sociedad donde, pese a la expansión del consumo, las desigualdades sociales siguen siendo enormes. Y en ciudades que se definen por comunas o sectores de ricos y pobres, donde los primeros lucran y logran “llevarse la ciudad para la casa”, literalmente.

Proyecto de integración social

El pasado 3 de diciembre, el presidente firmó una iniciativa de Ley de Integración Social del MINVU, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, antes de ser sometida a votación. Si bien, se declara querer re-enfocar las labores del ministerio hacia una mayor integración social y ciudades con mejor calidad de vida, llegando incluso a cambiar de nombre a Ministerio de Ciudad y Vivienda, lo cierto es que, pese a la nueva marca, en términos institucionales, el proyecto no trae ningún cambio sustancial [2]. Más bien, éste viene a darle legitimidad a una serie de modificaciones que buscan expandir el mercado inmobiliario, bajo el supuesto que los beneficios sociales vendrían con la ya conocida teoría del chorreo [3].

Entre las modificaciones más relevantes, está la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL 458 de 1976), que crea las Zonas de Integración Urbana (ZIU) y precisa la posibilidad de otorgar beneficios e incentivos para proyectos que consideren un porcentaje de vivienda subsidiada. En este sentido, las ZIU serían establecidas por el Ministerio en donde exista buena calidad de vida urbana [4] o se planea desarrollar proyectos de inversión en curso (ej. Metro), incluyendo incentivos o beneficios de normas urbanas por sobre los Planes Reguladores, a cambio de un porcentaje de vivienda subsidiada.

Esta integración social está, basada en la integración de productos inmobiliarios [5], entre viviendas subsidiadas definida por su precio entre 1000 y 2000 UF, y otras viviendas de mercado. Replicando un modelo en que prima el precio pasa por encima de los intereses de la comunidad y por encima del valor de uso del territorio por sectores sociales distintos y variados, no es más que una nueva forma de incentivo desde el Estado a las inmobiliarias. Y dicho aún de otra forma: los subsidios, que hasta ahora habían servido para rentabilizar la producción de vivienda asequible, ahora se complementarán con incentivos incorporados por las ZIU, más dinero en el bolsillo de los dueños del suelo, sin garantía de mejora en las condiciones de vida de estas zonas. Estas ZIU serían definidas por las SEREMI del ministerio, pero podrían ser solicitadas por los municipios o cualquier otro interesado; y bien se sabe el peso que tiene el mercado del suelo en las decisiones de las SEREMI.

La segunda incorporación relevante al proyecto de ley se relaciona con dar atribuciones a SERVIU para concesionar terrenos públicos propios o de cualquier órgano de la administración del Estado para generar, supuestamente, un stock de viviendas asequibles en arriendo. El concesionario tendría la obligación de construir, operar y mantener viviendas por plazo establecido a cambio del cobro del arriendo, con la condición de contemplar un porcentaje destinado a beneficiarios del fracasado Programa de subsidio al arriendo (DS 52 de 2013) [6]. Una vez completado este plazo, las viviendas volverían a SERVIU pudiendo ser nuevamente concesionada su operación y mantención.

Con esta modificación, no sólo se abandona un intento por generar un sistema de protección municipal en vivienda (como la “Inmobiliaria Popular” de Recoleta, el Edificio Tassara de Valparaíso), también se desata una de las principales amarras para la operación del mercado en áreas de interés inmobiliario. Frente a la escasez del suelo - de condiciones de alta rentabilidad a bajo precio -, abriendo una nueva frontera para la inversión inmobiliaria en áreas urbanas y bien localizadas.

Nuestra interpretación sobre el proyecto de ley de integración propuesto por el gobierno, y en particular de estas dos modificaciones aquí analizadas, es que se utiliza el discurso instalado de “integración social” para ignorar la realidad de la ciudad segregada y la crisis de acceso a la vivienda que afecta un porcentaje mayor de la población. A final de cuentas, en lugar de una genuina integración social, se trata de un ajuste más del modelo, centrado en encontrar una fórmula de financiamiento a través de la integración de productos inmobiliarios, por lo demás, ni tan diferentes los unos de los otros [7]. De esta forma, desentendiéndose de la desprotección de amplias capas de la población, se busca prolongar el supuesto logro de la política habitacional chilena de los últimos 30 años, de haber conseguido incorporar al mercado una política habitacional rentable, conciliando los intereses de cóndores y huemules.

Por una genuina Integración social

Pero hay que ser claros, no se trata de idealizar un lado, y tratar al cóndor como la clásica caricatura del banquero avaro o del corrupto ambicioso. Va aún más allá. El cóndor ha calado en nuestra cultura en desmedro del huemul, imponiendo e incitando a estos últimos adoptar su proyecto como propio. Así, el cóndor no sólo está en el inmobiliario que sobrevuela y se abalanza sobre un barrio buscando el máximo provecho al menor costo, y por tanto al menor aporte, sino también en el pequeño propietario que vira inversionista, va comprando departamentos para arriendo o Airbnb (arriendo turístico o esporádico por tiempos cortos y mayor precio), o el propietario de vivienda que subdivide piezas para arrendar a quienes no logran cumplir los requisitos de un arriendo formal [8]. El cóndor está en las aspiraciones de “la gran mayoría [de los chilenos que] son o somos propietarios (...) un porcentaje altísimo de su patrimonio es la propiedad, asociado a una casa, un departamento, una casa en la playa o un terreno” [9], que si bien, son aspiraciones que pueden ser legítimas, en el contexto actual, son también parte problema.

Todos buscando el máximo provecho por la menor inversión, en desmedro de la adecuada mantención, administración y otros aspectos. Lo mismo da si existe hacinamiento o el día de mañana se incendia el lugar, ya se recuperó lo invertido con creces. En otras palabras, la orden del cóndor está en una actitud de desentenderse de las necesidades sociales relativas a una actividad y centrarse en el lucro.

Una genuina integración social, en lugar de ser la asimilación o anexión de huemules a la orden hegemónica del cóndor, debería comenzar por reivindicar otros proyectos posibles y acabar con el dogma subsidiario. Proyectos otros deberían, en primer lugar, dar el reconocimiento al habitante como el protagonista de la producción y gestión del hábitat. Refundar barrios basados en la autogestión y la solidaridad, en vez de optar a que el Estado y las empresas tasen y regulen los estándares de calidad por nosotras y nosotros. Retomar los valores sociales de huemules, un hábitat determinado por su valor de uso y no por el precio de rapiña de los cóndores.

Avancemos hacia la recuperación de una gestión comunitaria del suelo, hacia barrios que incluyan servicios, talleres, comercio y parques, hacia el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, desde la realidad específica de cada territorio, su identidad y patrimonio.

Si el cóndor solo logra alcanzar su hermosura “liberándose del valle”, en solitario, el huemul vive el valle en lo profundo, en la cohesión social y en la lucha por articular y permanecer en su barrio. Tal vez, la rentabilidad económica de este proyecto inspirado en el huemul no iguale los márgenes de ganancia del desentendimiento y el lucro a cualquier costo del cóndor. Pero como diría Mistral, “mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que domina sólo desde arriba”.

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[1] Texto recuperado de: <http://www.gabrielamistral.uchile.cl/prosa/condorhuemul.html>
[2] Más bien se trata de explicitar elementos ya incorporados al MINVU a través de sus programas habitacionales, y por tanto ya parte de sus atribuciones, como el fomento de vivienda subsidiada bien localizada según estándares urbanos (véase Título XVI del DS 174 de 2005 y Art. 35 del DS 49 de 2011).
[3] Una vez más la promesa de chorreo, de desregular el mercado para hacerlo aún más lucrativo, indicando supuestos beneficios a futuro. Promesa que genera siempre suspicacia por la experiencia que tenemos en otras materias. El ejemplo más claro está en pensiones, que cuando se impuso el sistema de pensiones en dictadura se divulgó que iba a mantener el nivel de ingresos.
[4] Según un Sistema de Indicadores y Estándares de Calidad de Vida y Desarrollo Urbano (SIEDU) que se encuentra elaborando en paralelo la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. http://cndu.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/1.-PROPUESTA-SISTEMA-DE-IN...
[5] De acuerdo a las tendencias develadas por el Censo 2017, gran parte del aumento del parque habitacional no iría precisamente a resolver la necesidad de vivienda. Respecto a esto, Ferrer estima que, descontando las “viviendas irrecuperables” es posible estimar un parque de 6.266.422 unidades mínimamente “aptas”, que podrían dar cabida al total de 5.651.637 hogares existentes. https://invi.uchilefau.cl/deficit-habitacional-en-chile-la-necesidad-de-...
[6] Cuya aplicación ha sido deficiente. Menos del 40% del de los seleccionados logra aplicar el subsidio en arriendo (https://www.achm.cl/phocadownloadpap/Vivienda/Programa%20de%20Arriendo.pdf), debido a que los altos precios de arriendo no están acorde a las exigencias, inclusive estarían subiendo por efecto del mismo subsidio.
[7] El caso emblemático del año pasado, el anuncio de la torre de integración social en Rotonda Atenas en Las Condes, se trataba de vecinos de la misma comuna, estimando que parte de estos serían del mismo sector que se encontraban postulando a vivienda. Más que integración social, sería una acción para mitigar los efectos del mercado y la expulsión de sus vecinos menos acomodados. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/07/19/913916/Edificio-en-la-...
[8] Después de todo, como decía Carlos Nelson Ferreira dos Santos (arquitecto urbanista y antropólogo brasileño), no podemos culpar a los pobres por aprender y adoptar las estrategias de los ricos en la ciudad, respecto al subarriendo o el arriendo a otros pobres en condiciones de precarización.
[9] Intervención del Ministro Cristián Monckeberg en la sesión del 14 de agosto de 2018 de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado (https://www.cnnchile.com/pais/ministro-de-vivienda-asegura-que-la-mayori...)

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