Reflexiones a propósito del informe del Comité de los Derechos de la Niñez de la ONU sobre SENAME

Equipo de Niñez y Adolescencia

El último Informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre la situación del Servicio Nacional de Menores, señala un montón de elementos que ponen en evidencia la crítica situación de cientos de niños y niñas en centros de administración directa y de organismos colaboradores de la red SENAME. Entendiendo que muchos ya han sido discutidos anteriormente, queremos centrarnos esta vez en dos de ellos, especialmente vinculados a las recientes declaraciones de la Directora Nacional de SENAME, Susana Tonda.

El informe constata que el Estado chileno “viola el artículo 2 de la Convención al permitir que NNA ingresen al sistema residencial por razones de carencia económica sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiere la familia para otorgarles el cuidado adecuado,...”. Desde el enfoque de derechos, el Estado no debe intervenir a la familia y al NNA por su condición socioeconómica ni asumir que ello sea una inhabilidad parental o implique la existencia de cualidades que ponen en riesgo al NNA.

Sorprendentemente, no obstante, Susana Tonda al referirse a las causas de ingreso al futuro sistema de protección que debería reemplazar al SENAME señala: “...evidentemente en que hay veces que pueden ser razones económicas, pero es mucho más allá que eso, son habilidades paternales, son cuidados…”. Esto nos parece peligroso, ya que relativiza un aspecto en el que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas es claro: la carencia económica no es razón para separar a los niño y niñas de sus familias, es el Estado el que debe proveer los recursos necesarios para asegurar su bienestar y su vida en familia.

Otro elemento preocupante que plantea Tonda es justificar la actual crisis del sistema en la responsabilidad que les compete a las y los trabajadores de la red. Más aún, plantea una frase que sin duda trae tensión e incertidumbre a muchos/as que se desempeñan actualmente en el servicio: "Van a haber costos. Cuando a uno le cambian la forma de trabajar, los modelos, cuando a uno le exigen cosas que no está preparado para realizarlas, son costos. Va a haber personas que probablemente no les van a gustar las nuevas formas de trabajar y es posible que algunos decidan marcharse”.

Si bien se entiende la existencia de responsabilidades individuales en muchas de las vulneraciones de derechos en los centros residenciales, frases como estas hacen caso omiso a lo que el Comité de Derechos del Niño de la ONU indica como “...causas estructurales que han favorecido las graves y sistemáticas violaciones…: a) la visión tutelar de la infancia; b) una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; c) la excesiva judicialización del sistema; d) la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema”.

En ese sentido vemos cómo, una vez más, el gobierno pretende pagar el costo de los cambios institucionales a trabajadores que, especialmente aquellos de trato directo, registran bajas remuneraciones, altas cargas de trabajo y turnos extensos y continuos, entre otros aspectos.

¿Y qué pasa con los niños y niñas en centros residenciales? Durante la visita que una delegación de Naciones Unidas realizó en enero de este año, se recomendó al Estado chileno el cierre inmediato del CREAD Playa Ancha. Piñera ha anunciado de manera rimbombante que se trabaja en el cierre de este centro, aunque las fechas concretas de cuándo se realizará este proceso aún no se entregan claramente. Por sus obras los conoceréis.

Ada Torres
Integrante Equipo de Niñez y Adolescencia del FA

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